Consejo Nacional Electoral Sanciona Campaña de Gustavo Petro
El Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral de Colombia, ha sancionado este jueves la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por violar los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) durante las dos vueltas electorales. Con una votación de 6 a favor y 3 en contra, la Sala Plena del CNE responsabilizó a tres coordinadores de la campaña: su gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; su auditora, María Lucy Soto; y su tesorera, Lucy Aidee Mogollón. Además, se impusieron multas millonarias a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que apoyaron legalmente la candidatura de Petro. Cabe destacar que el cuantioso fallo no incluye al actual presidente, quien goza de fuero presidencial.
Primera Sanción de su Tipo en Colombia
Esta es la primera vez que se imponen sanciones a los responsables financieros de una campaña presidencial en Colombia. La investigación, que duró más de un año, estuvo a cargo de Benjamín Ortiz, miembro del CNE por el Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, representante del partido opositor Centro Democrático. Según su ponencia, aprobada por la mayoría del CNE, la campaña de Petro no reportó contribuciones significativas, tales como 379 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera y 500 millones del sindicato de maestros Fecode. Además, no notificó gastos relacionados con publicidad en Caracol Televisión y pagos a testigos electorales. Estos montos no reportados suman un total de 5.355 millones de pesos, lo que excede los límites establecidos por la ley.
Implicaciones Legales y Procedimentales
Aunque las sanciones afectan directamente a los colaboradores más cercanos de Petro, el actual mandatario no se ve implicado. La Corte Constitucional determinó en junio pasado que el CNE no tiene la autoridad para investigarlo, argumentando que el fuero presidencial abarca posibles irregularidades como candidato. Por lo tanto, el CNE ha decidido remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el único órgano con capacidad para investigar al presidente en funciones.
Composición de la Sala Plena y Votaciones
Desde el 13 de noviembre, la Sala Plena contaba con cinco votos a favor de sancionar la campaña de Petro. Estos votos provenían de los ponentes y otros magistrados. Sin embargo, se necesitaba un último voto para alcanzar la mayoría requerida. El CNE, compuesto por abogados designados por las diferentes bancadas del Congreso, ha tenido dificultades para conseguir estos consensos. La izquierda, liderada por Petro, cuenta con dos magistrados, mientras que otros dos han votado a favor de su causa. En esta ocasión, dos magistrados, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, se abstuvieron, y se eligieron a Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab como conjueces, siendo este último quien otorgó el voto definitivo para alcanzar los 6 a favor.
Multas Significativas y Reacciones
Las multas impuestas por el CNE son significativas: Roa, Soto y Mogollón deberán pagar casi 6.000 millones de pesos de manera solidaria, mientras que Colombia Humana y UP enfrentarán sanciones superiores a 1.000 millones cada una, las cuales serán descontadas de los fondos estatales que reciben para su financiación. La Sala ha señalado que la UP “no auditó adecuadamente” el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas y que la colectividad de Petro permitió ingresos de fuentes prohibidas.
En respuesta al fallo, la UP ha rechazado «de manera enérgica» la decisión, argumentando que cumplió con el proceso de supervisión de la campaña. Ha catalogado la resolución como una herramienta política que genera incertidumbre jurídica en el proceso electoral que llevó a la elección de Petro.
Reacciones del Pacto Histórico y la Oposición
Desde el Pacto Histórico, han manifestado su rechazo a la decisión del CNE. La senadora Isabel Zuleta ha calificado la situación como una «persecución política» en contra de Petro y su proyecto. En contraste, figuras de la derecha, como la senadora uribista Paloma Valencia, han considerado la resolución como un «hecho muy importante» que podría llevar a la destitución de Petro. La precandidata presidencial Vicky Dávila ha señalado que «violar topes en una campaña es corrupción».
