Renovada violencia en el Catatumbo afecta a comunidades rurales
Once meses después de la ola de violencia que desbordó el Catatumbo, convirtiéndolo en el principal punto de desplazamiento en Colombia, las comunidades rurales enfrentan nuevamente un período de enfrentamientos armados. A pesar de los anuncios de cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, la situación se ha deteriorado, generando desplazamientos y confinamientos, sobre todo en localidades como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y San Calixto. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 250 personas han abandonado sus hogares en la última semana debido a estos incidentes.
Impacto humanitario en el Catatumbo
La violencia ha tenido graves repercusiones en el acceso a servicios básicos. Desde enero hasta noviembre, al menos 87.000 personas han sido desplazadas en la región, de acuerdo con la organización Vivamos Humanos. La atención en salud ha sido interrumpida, con dificultades para que las brigadas médicas lleguen a las áreas afectadas. Las escuelas rurales han suspendido clases por temor a los combates, y el transporte de alimentos hacia las veredas se ha visto obstaculizado. Aunque se ha incrementado la presencia de fuerzas estatales, estas medidas no han logrado garantizar la seguridad en los corredores humanitarios.
Demandas de cese de hostilidades
La Defensoría del Pueblo ha solicitado a través de redes sociales un cese inmediato de los combates en el corregimiento de La Gabarra, enfatizando la necesidad de permitir la evacuación de personas heridas y la atención humanitaria. Las alertas sobre el riesgo humanitario no se limitan a los desplazamientos recientes; alrededor de 6.000 habitantes se encuentran en inminente riesgo de confinamiento o desplazamiento por la intensificación de los combates.
Una región estratégica en medio del conflicto
El Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es crucial debido a su frontera con Venezuela y su vinculación con economías ilícitas que sostienen a los grupos armados. La región alberga alrededor de 42.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, lo que la convierte en un área clave para el tráfico de drogas.
Historia reciente de violencia y desplazamiento
La crisis en el Catatumbo se activó el 16 de enero de 2025, cuando la violencia y el desplazamiento alcanzaron su punto máximo, con aproximadamente 40.000 personas desplazadas solo en la primera semana de enfrentamientos. La situación llevó al Gobierno a declarar estado de conmoción interior y a lanzar la Operación Catatumbo, con el despliegue de tropas para controlar la crisis y evacuar civiles atrapados. Aunque la atención mediática disminuyó, los enfrentamientos continuaron, incluso en diciembre, a pesar de los ceses unilaterales anunciados por los grupos armados.
Protocolo de paz y tensiones internas
El presidente Gustavo Petro suspendió formalmente los diálogos con el ELN debido a las acciones bélicas en el Catatumbo, considerándolas «crímenes de guerra». Sin embargo, el diálogo ha continuado con la facción de disidencias de las FARC liderada por alias Calarcá Córdoba, aunque ha enfrentado diversos obstáculos. Un intento de consolidar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, diseñado para que cientos de combatientes del Frente 33 se concentren y inicien un proceso de desarme, ha generado tensiones. Mientras algunos consideran la iniciativa positiva, otros, como Calarcá Córdoba, la han rechazado.
Preocupaciones sobre la continuidad de la violencia
La Delegación de Paz del Gobierno ha expresado su inquietud por la escalada de violencia en el Catatumbo. El proceso de paz que se lleva a cabo está orientado a finalizar las hostilidades y transformar los territorios. No obstante, este objetivo se ve comprometido por aquellos que se benefician de la perpetuación de la violencia y las economías ilegales en la región.
