Prohibición Total de Vapeadores en México: La Cámara de Diputados se Prepara para Votar
En un nuevo episodio de la lucha del Gobierno mexicano contra los productos de vapeo, la Cámara de Diputados se prepara para votar una prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. La Comisión de Salud discutirá y aprobará, este martes, una reforma a la Ley General de Salud que contempla sanciones severas: penas de prisión de entre uno y ocho años y multas que pueden alcanzar hasta 226.000 pesos para quienes participen en la fabricación, importación, exportación, venta y uso de estos dispositivos. Esta medida cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien justifica la iniciativa por el “riesgo sanitario” que representan los vapeadores y su creciente presencia en el mercado negro.
Argumentos a Favor de la Prohibición
El documento preparado por la Comisión de Salud, que supera las 800 páginas, enfatiza que, a pesar de la percepción de que los vapeadores son una alternativa más segura para los consumidores de tabaco, estos dispositivos contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, incluidos metales pesados que pueden resultar perjudiciales para la salud. La Comisión refiere que la comercialización de estos productos, muchos de los cuales son importados de manera irregular, ha aumentado, impulsada por campañas que los presentan como herramientas útiles para dejar de fumar. Este mensaje confunde especialmente a los adolescentes, uno de los grupos de mayor consumo de vapeadores. Investigaciones citadas en el documento alertan sobre la presencia de componentes dañinos como níquel, plomo y cadmio, los cuales están asociados a inflamación crónica y disfunción pulmonar.
Contexto y Respuestas a la Prohibición
A pesar de que México prohibió la importación y comercialización de vapeadores en 2022, el contrabando y la venta clandestina de estos dispositivos han aumentado. La Comisión sostiene que solo una prohibición total podrá frenar su distribución. La propuesta incluye sanciones no solo para los distribuidores sino también para quienes porten o compren vapeadores, lo que ha generado resistencia en la oposición. Partidos como Movimiento Ciudadano, PAN y PRI argumentan que estas medidas criminalizan a los consumidores y pueden fortalecer el mercado negro, dejando a los usuarios sin información segura sobre lo que consumen.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, criticó la severidad de las sanciones, sugiriendo que podría ser inapropiado castigar a los consumidores mientras otros delitos quedan sin respuesta adecuada. Incluso dentro del PT, algunos miembros han expresado su preocupación respecto a las consecuencias penales por el uso o compra de los vapeadores, pidiendo una revisión más exhaustiva de los impactos de esta legislación.
El Debate sobre la Salud Pública y el Mercado Negro
La reforma no solo aborda la prohibición de vapeadores, sino que también incluye propuestas para fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y la contratación de equipamiento médico avanzado. Adicionalmente, se contemplan medidas para combatir el tráfico de precursores químicos, utilizados en la fabricación de fentanilo, y nuevas regulaciones para el control de sustancias peligrosas. Establecer una conexión entre estos temas ha sido criticado por la oposición, que señala que se busca acelerar la aprobación mediante la inclusión de información variada en el mismo documento.
Desde la propuesta de la prohibición hace tres años, han surgido voces críticas y movimientos en defensa del consumo de vapeadores. Activistas e iniciativas, como «México y el Mundo Vapeando», argumentan que la prohibición podría tener efectos contrarios al deseado, contribuyendo a la crisis del tabaquismo en vez de combatirla. En junio, un grupo de activistas organizó una manifestación frente al Senado con mariachis, exigiendo estrategias de reducción de daños que protejan la salud pública y los derechos de los ciudadanos.
