Investigación revela vínculos entre disidencias de las FARC y líderes del Ejército colombiano
Una reciente investigación de Noticias Caracol ha destapado vínculos inquietantes entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC, y figuras de alto rango en el Ejército colombiano. El informe, publicado el pasado domingo, señala la conexión con el general Juan Miguel Huertas y el director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía. Según las revelaciones, el grupo armado liderado por Alexander Díaz, conocido como Calarcá, recibió información confidencial que les permitió evadir operativos de las Fuerzas Militares y desplazarse con seguridad en zonas de conflicto.
Detalles del informe y el papel del general Huertas
El general Juan Miguel Huertas, mencionado en la investigación, fue forzado a retirarse durante la administración de Iván Duque pero fue reintegrado por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2023, siendo nombrado jefe del Comando de Personal del Ejército. Este cargo implica responsabilidad en nombramientos, retiros y desplazamientos dentro de las Fuerzas Armadas. Las alegaciones en el informe sugieren que Huertas conspiró con Mejía para crear una alianza con las disidencias de las FARC, comprometiendo la seguridad nacional.
Una de las revelaciones más alarmantes es la filtración de información reservada que permitió al EMBF evitar la acción militar en áreas clave como Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia. Un comandante de la disidencia, que solicitó permanecer en el anonimato, afirmó que recibieron indicaciones específicas sobre cómo comunicarse con miembros de las Fuerzas Militares sin poner en riesgo sus vidas. Además, se informa que Huertas garantizó que las tropas no intervendrían durante los desplazamientos de los disidentes.
Colaboraciones y empresas de seguridad privada
Otro aspecto significativo del informe es la supuesta colaboración entre Huertas, Mejía y el EMBF para establecer una empresa de seguridad privada. Según los documentos consultados, la intención era “legalizar” a unos 20 hombres que ayudarían en los desplazamientos del grupo armado. Una carta fechada en febrero de 2024 describe la propuesta del general sobre “montar” la empresa en conjunto, sugiriendo que él gestionaría los permisos necesarios.
Detenciones y controversias en la Fiscalía
La investigación también destaca un incidente ocurrido en julio de 2024, donde se detuvo a una caravana de siete líderes disidentes, incluido Calarcá, en Anorí, Antioquia. A pesar de la detención, muchos de ellos fueron liberados por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien los calificó de “gestores de paz”. Se critica que la Fiscalía no tomó acciones efectivas con la evidencia recabada, que incluye la posible vinculación de un empresario chino en el suministro de armas a las disidencias.
Tensiones internas en la disidencia y su relación con el Gobierno
La investigación también menciona chats de 2024 que revelan tensiones entre Calarcá e Iván Mordisco, otro líder disidente. Ambos pertenecen al Estado Mayor Central (EMC), pero ahora compiten por el control de actividades ilícitas. Mensajes de un colaborador de Mordisco expresan preocupaciones sobre la presunta cercanía del Gobierno con Calarcá. Además, se menciona un posible financiamiento a la campaña de Petro por parte de las disidencias, lo que ha generado polémica en el ámbito político.
Reacciones del Gobierno y figuras políticas
El general Huertas y Wilmar Mejía han negado las acusaciones. Huertas sostiene que nunca se reunió con disidentes, alegando ser víctima de un montaje. El director de la DNI, por su parte, ha descalificado las acusaciones como parte de una maniobra de oficiales corruptos. En contraste, el presidente Petro ha respaldado a ambos funcionarios, señalando que las acusaciones son falsas y que se busca purgar a quienes le ayudan en la identificación de corrupción dentro del Ejército.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha anunciado que se abrirá una investigación sobre las acusaciones, enfatizando que cualquier cooperación con criminales es inaceptable. La vicepresidenta Francia Márquez también ha rechazado las insinuaciones que la implican, exigiendo evidencia fehaciente y pidiendo a los medios ser más rigurosos en sus informes.
Figuras políticas, incluidos precandidatos presidenciales, han expresado su preocupación y la necesidad de una investigación más exhaustiva. La situación política y de seguridad en Colombia continúa siendo tensa, en medio de un creciente recrudecimiento del conflicto armado.
