La sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se cierne sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Manzo fue atacado a balazos el sábado durante la celebración del Día de Muertos, un acto violento que, según fuentes de la investigación, fue ordenado por el CJNG. Este grupo criminal había sentido el peso del golpe tras la captura de su líder regional, René Belmonte, alias Rino, en un operativo policial llevado a cabo por la administración de Manzo en agosto.
Rino, un subordinado de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón y Rafael, conocidos por sus alias R-1 y R-2, había asumido el control de la extorsión en la región. Estos hermanos están estrechamente vinculados con los gobiernos pasados del PRD en Michoacán.
Un testigo, familiarizado con el entorno político y la violencia en Michoacán, confirmó que el asesino de Manzo, un joven de entre 17 y 19 años abatido tras el ataque, tenía conexiones directas con el CJNG. El arma utilizada en el atentado también había sido empleada en otros crímenes relacionados con este cártel, lo que añade presión sobre las autoridades. Este mismo informante apuntó a un descontento dentro del Gobierno federal, dirigido por Claudia Sheinbaum, hacia el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por su inacción ante la escalada de violencia en el Estado.
La situación en Uruapan, que cuenta con aproximadamente 350,000 habitantes y es un núcleo importante en la industria del aguacate, ha empeorado recientemente. Tras la captura de Rino, Manzo solicitó asistencia del Gobierno federal y estatal, publicando un vídeo en sus redes sociales para instar a los ciudadanos a mantenerse en casa debido a amenazas de represalias del CJNG. La violencia aumentó drásticamente en el municipio, incluso con ataques a la policía local, lo que llevó al alcalde a buscar ayuda de las autoridades estatales tras el asesinato de un agente el 14 de agosto.
A pesar de que el Gobierno federal ha desplegado recursos significativos en Michoacán, un Estado que ha recibido considerable atención en términos de seguridad, la falta de compromiso del gobernador Ramírez Bedolla ha sido señalada como un factor crítico. Aunque las estadísticas de homicidios en el Estado han mostrado una tendencia a la baja, la coordinación en la seguridad ha quedado atrapada en la burocracia y en los cambios constantes en los mandos de las carteras de Seguridad y Gobierno.
El ataque a Manzo, pese a las medidas de seguridad, reveló deficiencias en la protección que recibía. La cercanía del asesino con la estructura del CJNG liderada por los hermanos Álvarez Ayala destaca las complicaciones de la política local, marcada por vínculos históricos con la criminalidad. Uno de estos mafiosos, Roldán Álvarez, fue alcalde de Apatzingán hace más de 20 años con el PRD, partido que ha perdido influencia en la región.
Los desafíos del sistema judicial también fueron evidentes en el caso de los hermanos Álvarez Ayala, quienes, a pesar de haber sido detenidos en 2012 y condenados en 2016, han logrado evadir múltiples causas penales. Esto ha suscitado críticas hacia las decisiones judiciales y cuestionamientos sobre la efectividad del Gobierno en el combate a la impunidad.
El futuro de Uruapan se presenta incierto tras el asesinato de Manzo. Se anticipa que su viuda, Grecia Quiroz, asuma el cargo de manera interina para atender los asuntos administrativos y reducir la presión social resultante del hecho violento. Sin embargo, la relación de su hermano, Juan Manzo, con el Gobierno estatal podría complicar esta transición al enviar una señal de ruptura dentro del círculo del gobernador morenista. Algunas fuentes indican que fuerzas políticas opositoras, como el PRI y el PAN, han intentado desestabilizar a las autoridades locales a través de la movilización social.
Esta serie de eventos refleja la complejidad de la violencia y la política en Michoacán, marcada por la lucha entre cárteles y la ineficacia en la respuesta gubernamental, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro de Uruapan.
