El proyecto de ley impulsado por Javier Milei, que busca reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, recibió un respaldo significativo en la Cámara de Diputados este jueves. Con 149 votos a favor y 100 en contra, la propuesta avanzó tras un extenso debate que duró más de ocho horas. Ahora, el nuevo Régimen Penal Juvenil se dirige al Senado para su aprobación definitiva.
Desde su campaña, Milei ha promovido un discurso de mano dura, destacando la necesidad de una respuesta firme ante el crimen juvenil. Una de sus primeras iniciativas tras asumir la presidencia fue la propuesta de modificación de la edad de imputabilidad, la cual fue discutida en comisiones durante 2024 y parte de 2025. El tratamiento de este tema fue postergado por el oficialismo hasta contar con el apoyo necesario, una posibilidad que se concretó tras los positivos resultados electorales que Milei obtuvo en las elecciones de medio término.
El debate ganó impulso tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años atacado por un grupo de menores en Santa Fe en diciembre pasado. La madre de Jeremías se convirtió en una voz activa, defendiendo la reforma y asistiendo a la sesión del Congreso en la que se discutió el proyecto.
La propuesta inicial contemplaba la reducción de la imputabilidad a los 13 años, pero fue modificada en negociaciones con aliados políticos como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Milei había sugerido en entrevistas que la edad podría ser aún más baja, mencionando incluso los 10 años como una opción.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Aquellos de 16 y 17 años solo pueden ser procesados en casos de delitos graves que impliquen penas superiores a dos años de prisión. Las medidas de detención en cárceles comunes son aplicables a partir de los 18 años, mientras que los infractores menores de edad son recluidos en institutos especializados.
La modificación aprobada permite que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados penalmente y, de ser hallados culpables, enfrentar condenas de hasta 15 años de privación de libertad, aunque la propuesta original del Ejecutivo contemplaba penas de hasta 20 años.
Según estadísticas preliminares del Ministerio de Seguridad argentino, la tasa de homicidios en el país cerró 2025 en 3.7 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como el registro más bajo en América Latina y el Caribe. A pesar de estos números, la inseguridad sigue siendo un tema candente para la población, donde diversas encuestas indican que al menos el 60% de los ciudadanos apoyan la iniciativa, alcanzando en ciertos casos hasta un 80% de aprobación.
Un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que durante el primer semestre de 2025 se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, siendo 9 de cada 10 acusados varones y la mayoría de los delitos cometidos relacionados con la propiedad.
La reforma ha sido criticada por obispos de la Iglesia católica, quienes la calificaron como una respuesta al «oportunismo electoral» y argumentaron que le falta sustento técnico. Instaron a priorizar políticas de salud mental y educación antes que el encarcelamiento, subrayando que el ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser efectivo en términos de seguridad.
Asimismo, Unicef se ha manifestado en contra de esta iniciativa, enfatizando que la privación de libertad no ha sido efectiva para disminuir los índices de criminalidad ni para prevenir la reincidencia. La organización defiende que las políticas sociales enfocadas en la educación, el deporte y la salud son la mejor estrategia para abordar el delito juvenil.
