La cadena de custodia de los restos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha generado controversia en el caso que investiga la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. Este interés ha surgido tras una providencia emitida el 10 de febrero por la jueza Cristina Pastor, donde se manifiesta la recolección de posibles evidencias por parte de Adif, la gestora de la infraestructura ferroviaria. Adif había trasladado los materiales al almacén de Hornachuelos, lo que llevó a la jueza a exigir que se abstuviera de cualquier operación relacionada con el material sin autorización judicial, debido a las posibles responsabilidades penales que esto podría conllevar.
El incidente que desencadenó esta serie de acciones ocurrió el 18 de enero, cuando un tren de alta velocidad de Iryo descarriló, colisionando inmediatamente con un convoy Alvia de Renfe. Este trágico suceso resultó en la muerte de 46 personas. A raíz de este accidente, el 26 de enero, la compañía pública solicitó permiso a la jueza sustituta, María Jesús Salamanca Serrano, para que se le permitiera el acceso con maquinaria pesada al lugar del descarrilamiento.
Acciones Judiciales y de Adif
La jueza Salamanca respondió a la solicitud el 27 de enero, autorizando el acceso a Adif, pero estableciendo que cualquier evidencia recogida debía ser informada detalladamente al juzgado, incluyendo la ubicación y el estado de dichas evidencias. Adif justificó la necesidad de este acceso argumentando que las labores de reconstrucción y reparación eran urgentes para restablecer el servicio ferroviario. Sin embargo, antes de recibir este permiso, la compañía había retirado restos del siniestro el 23 de enero, acción que no fue denunciada o impugnada por la Guardia Civil ni por la jueza.
Para asegurar que la investigación no se veía comprometida, la jueza quiso verificar el estado de la inspección ocular de la zona y solicitó un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba. El 27 de enero, la UOPJ informó al juzgado que las actuaciones de recolección de evidencias ya habían concluido, permitiendo así el acceso para la reparación y reconstrucción.
Traslado de Restos y Su Custodia
En el informe sobre el movimiento de los restos del accidente, sellado el 9 de febrero por Adif y la ingeniería pública Ineco, se detalla la trazabilidad de la retirada y el depósito de soldaduras y otros materiales en la Base de Mantenimiento Alta Velocidad de Hornachuelos. Esta operación comenzó el 22 de enero, coincidiendo con la finalización de la recuperación de los cuerpos de las víctimas y el cierre del área por parte de la Guardia Civil y la CIAF.
El informe señala que todos los materiales fueron trasladados sin haber sido manipulados y permanecieron a disposición judicial. Entre los materiales almacenados en Hornachuelos, también se incluyeron soldaduras específicas que se encontraban en la vía paralela al accidente. La Guardia Civil se presentó en la base de Adif el 3 de febrero para verificar y precintar los cupones de carril, regresando el 9 de febrero para supervisar su reubicación y la instalación de un sistema de alarma en el almacén.
