Una toma aérea del terreno donde se ubica el Crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, muestra un coche funerario negro abandonado que, un año después de su macabro descubrimiento, aún conserva la misma posición que tenía el 26 de junio de 2025. Este lugar ha sido escenario de un horror inimaginable, donde 386 cadáveres fueron encontrados en condiciones insalubres. El fuerte olor a descomposición persiste en el ambiente, intensificándose al acercarse. La puerta clausurada por la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) está adornada con pequeños corazones pintados, cada uno con un nombre y una fecha de deceso, recordando a las víctimas que fueron engañadas en su peor momento.
Los familiares de las víctimas se enfrentaron a un cruel engaño, creyendo que los restos de sus seres queridos habían sido incinerados y que recibieron, en cambio, arena o grava. A un año del descubrimiento, más de un centenar de familias sigue esperando poder reconocer y recuperar a sus seres queridos para darles una despedida digna, mientras luchan por alcanzar justicia.
Un limbo de impunidad
Este martes, la FGE informó que, durante el último año, han podido identificar a 251 de los cuerpos recuperados, de los cuales 247 han sido entregados a sus familiares. Héctor Jácome, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE, indicó que aún quedan 135 restos por identificar.
Los familiares no solo navegan un mar de tristeza por la incertidumbre de no saber si sus deudos están entre los fallecidos, sino que también enfrentan una revictimización en un sistema de justicia que no ha logrado procesar a la mayoría de los responsables. De las ocho funerarias implicadas, solo dos propietarios están detenidos, mientras que han sido presentadas 157 denuncias por fraude contra estas entidades vinculadas al Crematorio Plenitud.
En cuanto a las acusaciones de inhumación y exhumación de cadáveres, solo dos personas han sido procesadas: Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio, y Facundo Martínez, su empleado. Arellano fue liberado con un amparo el 13 de febrero y se encuentra prófugo, mientras Martínez falleció en prisión por problemas de salud. La FGE busca la ayuda de la Interpol para localizar a Arellano, quien se presume ha cruzado la frontera hacia El Paso, Texas, debido a su doble nacionalidad.
El documento que vincula a los imputados sostiene que entre el 7 de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025, mantuvieron 386 cadáveres en estado de descomposición, apilados y sin condiciones adecuadas para su manejo. Además, no contaban con los permisos necesarios para operar ni con un impacto ambiental vigente, según las autoridades.
Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, ha denunciado la falta de acción contra los funcionarios que debían supervisar las operaciones del negocio, especialmente de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS).
Múltiples denuncias en “tierra de nadie”
Al buscar el Crematorio Plenitud en Google Maps, ya no aparece entre los resultados. Los pocos vecinos que quedan cerca del predio prefieren no hablar sobre su existencia. Un residente recuerda el constante olor a carne quemada y humo negro que emanaba del lugar. Abel, un comerciante cercano, aseguró que el hedor era tan fuerte que había días en los que deseaba no работать.
El terreno, de aproximadamente 1,900 metros cuadrados, presenta un estado de abandono evidente. Los espacios que antes funcionaban como recepción y sala de espera para las familias están desiertos, y las entradas están aseguradas con candados oxidados. Muchos residentes del área han informado sobre actividades sospechosas, señalando que la colonia Granjas Polo Gamboa, donde operaba el crematorio, es “tierra de nadie”.
“Los medios de comunicación y los funcionarios siempre venían a cubrir denuncias sobre el lugar, mas nunca tomaron acción hasta que fue demasiado evidente”, declaró Abel.
Días antes del hallazgo, un reportero local recibió una llamada al 911 tras percibir el hedor que provenía de la zona. Al investigar, descubrieron un cuerpo en un coche funerario, lo que llevó a un conteo escalofriante de casi 400 cadáveres.
Un desafío forense para un “caso inédito”
Jácome destacó que la identificación de los cuerpos ha sido un reto sin precedentes. Según explicó, las condiciones en que se hallaron los cadáveres, alterados por sustancias químicas, han dificultado los procesos de identificación, que normalmente son más sencillos.
Las técnicas tradicionales de embalsamamiento han complicado más la identificación, ya que los cuerpos se vuelven casi «acartonados», lo que dificulta incluso la recolección de huellas digitales. La colaboración con las familias ha sido fundamental para ofrecer pistas sobre la identidad de los cuerpos.
Una incertidumbre dolorosa
La casa de Delgado se ha convertido en un refugio para las familias afectadas que buscan justicia. Miriam Flores cuenta que pudo recuperar los restos de su madre en octubre pasado, pero el proceso de duelo ha sido muy doloroso. Su vida, al igual que la de muchas otras familias, ha sido afectada por la angustia y la incertidumbre.
Eleuterio Palacios critica que las autoridades solo acepten denuncias por fraude y no tomen acciones penales. Asegura que algunas funerarias continúan operando sin sanciones mientras que se ofrecen acuerdos económicos a las familias afectadas, lo que debilita sus casos en la búsqueda de justicia.
Así, los familiares de las víctimas siguen enfrentando una lucha desgastante contra un sistema que parece ignorar su dolor. La esperanza de encontrar a sus seres queridos entre los cuerpos aún no identificados persiste, mientras las heridas de este horroroso caso permanecen abiertas en Ciudad Juárez.
