La Reacción del Gobierno Mexicano ante el Informe de la ONU sobre Desapariciones Forzadas
El Gobierno de México ha rechazado el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo que ha generado malestar y desesperanza en la sociedad mexicana. Este artículo explora las razones detrás de esta postura y su efecto en el contexto nacional.
Un Contexto Crítico
El informe del Comité no contradice la realidad que México enfrenta: un panorama sombrío en cuanto a desapariciones forzadas. Las cifras son alarmantes, con un porcentaje de impunidad que ronda entre el 92% y el 98%, así como miles de personas desaparecidas y fosas clandestinas. Esta situación ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.
Un Reconocimiento de la Realidad
El Gobierno, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha intentado abordar esta crisis mediante la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sin embargo, este esfuerzo ha sido señalado como insuficiente. Aunque se han creado estructuras para afrontar el problema, las cifras de impunidad y la incapacidad forense permanecen inalteradas, lo que pone en duda la efectividad de estas medidas.
La Supervisión Internacional
Durante el mandato de López Obrador, México se abrió a la supervisión internacional. Aceptó la competencia del Comité y permitió su visita al país, a diferencia de administraciones anteriores que se habían negado. Este cambio ha encerrado implicaciones políticas y sociales que el actual Gobierno no puede ignorar.
El Papel del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
El Comité ha señalado que el Registro Nacional presenta limitaciones significativas. No es una herramienta estadística confiable, ya que incluye casos de desapariciones voluntarias y fenómenos migratorios, lo que complica la comprensión de la magnitud del problema en el país.
La Cuestión de la Aquiescencia
Una de las palabras clave que genera inquietud en el Gobierno es «aquiescencia». En el contexto del informe, se menciona que las desapariciones no solo son el resultado de acciones estatales, sino que también pueden implicar un «dejar hacer» ante grupos criminales. Esto introduce un elemento complicado que vincula la ineficacia institucional con una posible complicidad.
El Estado mexicano ha alegado que no debe confundirse la ineficacia con la aquiescencia. Sin embargo, esta justificación complica aún más su relación con el Comité y las expectativas de las víctimas que buscan respuestas.
Impacto en las Familias de las Víctimas
La reacción del Gobierno ha fallado en abordar el profundo dolor de las familias que buscan a sus seres queridos. Para estas familias, la lentitud y la ineptitud del Estado no están ligadas a periodos de gobierno; es un sufrimiento constante que acumula décadas de descontento y pérdida. Las críticas a la administración actual también incluyen el reconocimiento de sus propias limitaciones en el manejo del tema.
Con este panorama, la administración de Claudia Sheinbaum ha oscurecido su accionar al descalificar el informe de la ONU, sin proponer soluciones efectivas o aceptando plenamente las críticas externas. La falta de calibración en la respuesta gubernamental refleja una tensión entre la necesidad de reconocimiento y el deseo de mantener una imagen política.
