Amenazas anónimas, agresiones físicas, el hallazgo de un cadáver en la puerta de una casa y el envío de coronas de flores funerarias son solo algunos de los actos intimidantes que enfrentan los alcaldes en la Región Metropolitana de Santiago. De los 52 alcaldes de la región, al menos 17 han recibido amenazas de muerte, y ocho cuentan con protección policial, lo que refleja el alarmante aumento de la violencia y el control del crimen organizado en Chile.
Esta problemática no es nueva, pero ha empeorado en los últimos años. José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de La Reina, destaca que «hechos que antes eran aislados se han convertido en una práctica sistemática». Según Palacios, desde hace tres años, el crimen organizado ha comenzado a infiltrarse en el ámbito local, buscando intimidar a las autoridades municipales que intentan recuperar el control de ciertos barrios. «Los municipios son vistos como un obstáculo», añade.
Caso emblemático: Claudia Pizarro
Un caso destacado es el de Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, uno de los municipios más vulnerables de Santiago. Desde 2017, Pizarro ha estado bajo protección policial tras recibir amenazas vinculadas a su apoyo en una investigación contra otro alcalde acusado de nexos con el narcotráfico. A pesar de la protección, las amenazas han persistido, incluyendo episodios de acoso directo y violencia física. «Me han mostrado un arma y he tenido que esconderme después de ser intimidada», relata Pizarro.
En su tercer mandato, Pizarro ha logrado generar confianza en la comunidad, señalando que sus esfuerzos para recuperar los barrios son constantemente atacados por los criminales. «Para ellos, somos una molestia permanente», afirma. Palacios respalda esta idea, sugiriendo que las acciones de fiscalización y recuperación de espacios públicos por parte de los alcaldes han comenzado a incomodar a las bandas delictivas, lo que ha resultado en un aumento de las amenazas.
Amenazas recientes contra autoridades municipales
Los incidentes más recientes incluyen amenazas al alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, tras ordenar la demolición de una propiedad relacionada con grupos narcos, y al Alcalde de Quinta Normal, Karina Delfino, quien encontró un cadáver abandonado en su puerta. Estos eventos ponen de manifiesto que el riesgo no solo se limita a las autoridades, sino también a la capacidad de los municipios para ofrecer servicios básicos y mantener el control territorial.
En respuesta a la creciente violencia, la Fiscalía ha implementado un programa digital que permite a los alcaldes hacer denuncias de manera rápida y directa, facilitando la investigación de las amenazas y la provisión de protección.
Desafíos en la seguridad municipal
Pizarro reconoce el temor que vive a diario: «Da miedo, pero no podemos mostrarlo. Ellos esperan que tengamos miedo». Destaca la importancia de denunciar cualquier amenaza recibida. Por su parte, los alcaldes han expresado sus preocupaciones sobre la falta de respaldo estatal en temas de seguridad, que han sido en gran medida delegados a las municipalidades, dejándolos expuestos a la violencia del crimen organizado.
«Los municipios se han convertido en la cara visible de un problema estatal que debe ser abordado de manera integral», expresa Palacios. La alcaldesa Pizarro agrega que, ante la ausencia del Estado, son los alcaldes quienes deben defender a sus comunidades del narcotráfico. Resalta la necesidad de más recursos para seguridad, así como de inversión en espacios públicos y actividades culturales.
Iniciativas legislativas y futuras acciones
Conscientes de la gravedad de la situación, la Amuch promueve un proyecto de ley que busca incrementar las sanciones para quienes amenacen a los alcaldes, especialmente cuando dichos actos son atribuidos al crimen organizado. Sin embargo, Palacios enfatiza que más allá de la protección individual, es necesario implementar un sistema preventivo de seguridad que fortalezca la presencia estatal en territorios críticos y garantice la seguridad de todos los ciudadanos.