Chile Avanza Hacia una Ley Integral para Personas Mayores
Chile se encuentra en la fase final de la elaboración de una Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Esta propuesta ha sido impulsada por organizaciones sociales, el mundo académico y algunos parlamentarios, y su origen se remonta a un proyecto iniciado durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera. Desde entonces, ha sido objeto de discusión y avance significativo bajo el Gobierno de Gabriel Boric.
Contexto Demográfico Urgente
El Censo 2024 revela que uno de cada cinco chilenos tiene 60 años o más, lo que significa que actualmente hay más personas mayores que niños, niñas y adolescentes en el país. Este cambio demográfico subraya la necesidad de un marco legal que reconozca los derechos de las personas mayores, fortalezca la institucionalidad y adapte las políticas públicas a una sociedad en rápido envejecimiento, desde una perspectiva de derechos humanos.
Características de la Nueva Ley
Por primera vez, Chile contará con una legislación que reconoce explícitamente los derechos de las personas mayores. La ley incluye la creación de una Política Nacional de Envejecimiento, establece principios para guiar la acción del Estado y refuerza la función del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Asimismo, introduce un procedimiento especializado para proteger a las personas mayores dependientes en situaciones de abandono social.
Divergencias en la Tramitación
Durante su tramitación, aunque se alcanzaron amplios consensos, surgieron polémicas en torno a la creación de un contrato laboral especial para personas mayores en el Código del Trabajo. Dicha propuesta, presentada como un medio para ampliar las oportunidades laborales, ha sido criticada por su diseño que permitiría pactos de suspensión sin límites claros, facilitando un entorno laboral precario que podría desmejorar las condiciones de los trabajadores mayores.
Propuesta de Veto Sustitutivo
Con el objetivo de proteger los derechos laborales de las personas mayores, se ha presentado un veto específico para eliminar la creación de este contrato. En su lugar, se propone equiparar el ingreso mínimo mensual de las personas mayores de 65 años con el del resto de la población adulta, asegurando así igualdad de dignidad y oportunidades laborales. El Estado asume la responsabilidad de garantizar que cualquier medida para fomentar la participación laboral de las personas mayores ajuste a estándares de trabajo decente.
Ejemplos Internacionales y Estándares de Dignidad
Los países que han logrado proteger los derechos laborales de las personas mayores lo han hecho a través de incentivos a la contratación formal y no mediante contratos de menor protección. Esta ley rescata esos principios al reconocer el derecho a un trabajo digno y decente para las personas mayores y establece la obligación del Estado de erradicar la discriminación etaria y fomentar políticas inclusivas. Medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y reformas en pensiones están alineadas con este objetivo, facilitando un envejecimiento activo sin precarización laboral.
Chile necesita esta ley y, más importante, las personas mayores la requieren. Con la implementación de este veto, se fortalece el núcleo fundamental de la ley: la protección de los derechos laborales y el compromiso con un envejecimiento digno y equitativo.
