El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado el regreso de México al fracking como parte de su estrategia para alcanzar la autosuficiencia energética. Durante una conferencia reciente, la mandataria confirmó que se están explorando métodos para utilizar esta técnica de fractura hidráulica de manera que minimicen su impacto ambiental y faciliten el reciclaje del agua. Según fuentes cercanas a Palacio Nacional, la Secretaría de Energía (Sener) ya ha informado al sector privado sobre los planes para establecer esquemas de inversión mixta enfocados en la extracción de gas en yacimientos no convencionales, un término empleado con frecuencia para evitar la connotación negativa de fracking.
El cambio en la postura del Gobierno se produce a pesar de que el fracking ha sido un tabú para la izquierda en México, arrastrando críticas a nivel internacional. Esta técnica, que ha generado preocupaciones por su impacto ambiental y social, había sido prácticamente descartada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había prohibido su uso. Sin embargo, la administración de Sheinbaum, caracterizada por el pragmatismo, ha señalado la necesidad de explorar yacimientos de gas para reducir la dependencia de Estados Unidos, de donde México importa aproximadamente entre el 70% y el 80% de su gas natural.
“Se ha conformado un grupo de trabajo de expertos para evaluar la viabilidad del gas no convencional utilizando prácticas de reciclaje de agua y otros químicos que reduzcan los impactos ambientales asociados con el fracking tradicional”, explicó Sheinbaum en su conferencia del miércoles. Este grupo está integrado por técnicos, ambientalistas y académicos que buscan establecer una ruta que permita la extracción no convencional con el mínimo impacto ecológico y un costo político-social reducido.
El avance en esta nueva dirección ha sido evidente. La semana pasada, la secretaria de Energía, Luz Elena González, se reunió en privado con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y otras organizaciones del sector privado. En este encuentro, se abordó la cuestión del fracking y se discutieron los lineamientos para activar inversiones mixtas en el ámbito de los yacimientos no convencionales. Aunque no se mencionó el término de forma directa, existe un creciente interés entre los inversionistas en esta técnica.
En su discurso, Sheinbaum presentó una paradoja de la política energética en México: “Todo el gas que importamos de Texas proviene de fractura hidráulica”. Este comentario pone de relieve la dependencia del país del gas estadounidense, que ha ido en aumento durante la última década, destacándose como un punto crítico tras los apagones de 2021. La implicación es clara: México rechaza una técnica de extracción en su territorio mientras financia su uso en el extranjero.
Desde el inicio de su gestión, Sheinbaum había adoptado una postura contraria al fracking, en línea con la narrativa ambientalista de su partido, Morena. Sin embargo, la caída en la producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el aumento de la demanda industrial y la necesidad de combustibles para proyectos de transición energética han llevado al Gobierno a reconsiderar la viabilidad de este tipo de extracción, particularmente en las cuencas del norte, en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
La estrategia del Gobierno no se enfoca en una explotación inmediata de los yacimientos, sino en construir legitimidad técnica para suavizar el impacto social y político de esta decisión. La creación de comisiones de expertos permite al Gobierno ganar tiempo y negociar escenarios, mientras enfrenta la resistencia potencial dentro de su propia base. La narrativa busca diferenciar el fracking tradicional de una nueva versión de la fractura hidráulica, que promete ser más amigable con el medio ambiente, aunque este concepto todavía es objeto de debate entre ambientalistas.
El costo político de esta decisión podría ser considerable. Grupos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y Greenpeace, junto con expertos en la materia, están monitoreando con preocupación la evolución de este discurso. Los riesgos asociados con la fractura hidráulica, tales como la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano, los sismos inducidos y el consumo intensivo de agua, presentan serias complicaciones, especialmente en las regiones del norte donde se encuentran los yacimientos. Así, el Gobierno mexicano deberá manejar tanto los retos técnicos como los conflictos sociales que pudieran surgir al avanzar hacia proyectos piloto.
