“Ayer la víctima fue Kevin. Hoy es Robison, Fernanda o Ángel Manuel”. Con esta frase, las redes sociales de Pacientes Colombia, una organización que agrupa a 202 asociaciones de pacientes crónicos, resaltan las falencias del sistema de salud en Colombia. Críticas hacia el enfoque del Gobierno de Gustavo Petro sobre salud se han intensificado, llevando a la organización a presentar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se le acusa de fraude a una resolución judicial por no cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional que exigen al Estado garantizar recursos suficientes para la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso a servicios para más de 52 millones de colombianos.
En la denuncia, los grupos piden a la Justicia que considere la suspensión temporal del ministro, reconocido por su larga permanencia en un gabinete en constante cambio. Asimismo, solicitan medidas preventivas urgentes, incluidas la protección de denunciantes y testigos ante posibles represalias. “Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”, indicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, en una carta emitida por la organización.
A pesar de que la carta no menciona directamente el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que falleció tras un accidente mientras esperaba medicamentos para su hemofilia, este incidente ha intensificado las críticas hacia un sistema de salud que deja en especial vulnerabilidad a los pacientes con enfermedades crónicas y raras. La indignación fue aún mayor tras los comentarios de Jaramillo en un Consejo de Ministros, donde atribuyó la muerte del menor al accidente y a la supuesta falta de cuidado de su madre.
“El niño tuvo este accidente en bicicleta. Es entendible que los niños con hemofilia deben limitar algunas actividades”, comentó el ministro. Sin embargo, evitó mencionar a la Nueva EPS, la entidad promotora de salud a la que Kevin estaba afiliado, que dejó de suministrarle el medicamento necesario desde diciembre de 2023.
El presidente Gustavo Petro también responsabilizó a la madre por la muerte de Kevin, argumentando que si el niño no recibió el medicamento en enero fue porque la familia solicitó un traslado entre dos regiones. Además, divulgó información privada de la historia clínica del menor, omitiendo que la cirugía que se consideró para él era de alto riesgo debido a la falta del tratamiento.
En este contexto, surge un debate político centrado en dos visiones opuestas del sistema sanitario colombiano. Por un lado, el Gobierno de Petro ha intentado implementar una reforma que refuerce la administración estatal y reduzca el papel de las EPS, a las que se les atribuyen responsabilidades de mala gestión y corrupción. Desde el inicio de su administración, se han intervenido ocho EPS que cubren a más de 23 millones de afiliados, a raíz de problemas financieros significativos.
Por otro lado, la oposición y diversas organizaciones de profesionales de la salud argumentan que, a pesar de sus fallas, el sistema ha funcionado durante más de tres décadas y necesita ajustes, no una transformación radical. Afirman que la incapacidad del Gobierno para llevar a cabo su reforma ha llevado al desmantelamiento del sistema, tanto por la intervención de las EPS como por la reducción del financiamiento a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Desde finales del año pasado, se anunció un aumento del 9.03% para el régimen contributivo y un 16.49% para el régimen subsidiado, pero las agremiaciones sanitarias han advertido que estos ajustes son insuficientes para resolver los rezagos acumulados desde 2021. Sin el financiamiento adecuado, la crisis del sistema se hace más probable.
Los pacientes se encuentran en una situación crítica, atrapados entre estos debates. Para adaptarse a la escasez de recursos, las EPS han creado barreras de acceso a sus servicios, aumentan los tiempos de espera para citas, requieren más autorizaciones para procedimientos y retrasan la entrega de medicamentos. La Corte Constitucional ha ordenado al Gobierno revisar el monto de la UPC, que ya mostró una modesta alza del 5.3% para 2024 y 2025, al identificar que no cubre los costos operativos. La demanda interpuesta por Pacientes Colombia contra el ministro se basa en la alegación de que este “habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes judiciales”.
