Un caso de irregularidades en la expedición de títulos profesionales ha generado un intenso debate sobre la administración del presidente Gustavo Petro. Las denuncias se centran en la Fundación Universitaria San José, cuya validez académica ha sido cuestionada tras revelarse la entrega de títulos sin el cumplimiento de requisitos legales fundamentales, como la aprobación de la prueba Saber Pro, obligatoria en Colombia para obtener títulos.
El caso Juliana Guerrero: centro del escándalo
La atención mediática se centró inicialmente en Juliana Guerrero, quien habría conseguido títulos universitarios de forma irregular en la Fundación Universitaria San José mientras aspiraba al cargo de viceministra de Juventud. La Fiscalía ha presentado cargos en su contra por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, solicitando medidas de aseguramiento en prisión domiciliaria al considerar que los títulos no cumplían con los requisitos académicos establecidos en la legislación colombiana. Un alto directivo de la entidad ya ha admitido su responsabilidad en este caso.
Este escándalo no es un hecho aislado. En septiembre del año pasado, el abogado de la Fundación Universitaria San José anunció la anulación de un título en contaduría pública otorgado a Guerrero, debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de grado. En esa ocasión, la entonces jefa de gabinete del Ministerio del Interior afirmó que cualquier error recaía en la universidad, no en ella. A pesar de esto, Guerrero, de 23 años, continúa ejerciendo como delegada del presidente en el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, su departamento natal.
El denominado Cartel de los títulos falsos
A finales de enero, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, presentó una investigación que reveló 24 casos de presuntas irregularidades en la obtención de títulos por parte de funcionarios y contratistas vinculados a 16 entidades del Gobierno nacional entre 2023 y 2025.
Entre las irregularidades señaladas por la congresista se mencionan la entrega de títulos antes de que los graduados presentaran los exámenes obligatorios, como las pruebas Saber Pro o Saber TyT, así como la obtención de múltiples diplomas en plazos excepcionalmente cortos. Algunas titulaciones se habrían emitido en el mismo día o en semanas de diferencia, generando dudas sobre la validez de los procesos académicos. Además, se presume la existencia de contratos públicos diseñados para beneficiar a aquellos con credenciales posiblemente no legítimas. Los funcionarios involucrados habrían sido asignados a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Invima, el DANE, la DIAN, la Aerocivil, y diversas superintendencias y ministerios.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Gustavo Petro ha negado que exista un patrón sistemático o una política deliberada para favorecer a funcionarios y ha señalado que las denuncias son parte de ataques políticos en un entorno marcado por la polarización, especialmente en el contexto electoral que vive el país.
