La Desposesión de Sofía Montenegro: Un Retrato del Exilio Nicaragüense
Un mes después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojara a la periodista y feminista Sofía Montenegro de su nacionalidad nicaragüense y confiscara todos sus bienes por motivos políticos, Montenegro intentó acceder a su banca en línea. En marzo de 2023, descubrió que su cuenta, donde el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) depositaba su pensión, estaba congelada y en cero. Esto sucedía a pesar de que había trabajado durante décadas y cumplido con sus cotizaciones.
El Escape y la Realidad del Exilio
Tras ser declarada prófuga de la justicia sandinista, Sofía Montenegro huyó de Nicaragua hacia Costa Rica en febrero de 2023. Sus pertenencias, incluidos su hogar en Managua y su automóvil, fueron confiscadas, dejándola en una situación precaria a la edad de 72 años. «Fue un golpe muy fuerte, porque llegué a Costa Rica sin nada», explica Montenegro, quien ha dependido de la solidaridad de amigos y grupos organizados desde su llegada al exilio.
Aunque residencia y jubilación eran elementos que representaban estabilidad y seguridad, el régimen ha llevado a cabo una purga que impacta a la población nicaragüense. Más de 450 nicaragüenses han sido desnacionalizados como ella, y alrededor del 20% de los cerca de 800,000 que han huido desde la crisis de 2018 están en edad de jubilación.
Violación de Derechos Humanos
Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifiesta que lo que debería ser una etapa de descanso se ha convertido en una prolongación del castigo político. Las personas que han cotizado durante años al sistema previsional ahora enfrentan una vejez sin acceso efectivo a sus pensiones.
“La negación de la pensión por razones políticas es una represalia y un auténtico robo a la contribución de años de trabajo”, agrega Arce, subrayando la gravedad de esta situación como una violación a los derechos humanos.
Requisitos Inviables para Obtener una Pensión
La Ley de Seguridad Social de Nicaragua estipula que cualquier persona afiliada al INSS puede acceder a una pensión al cumplir 60 años, siempre y cuando haya cotizado al menos 750 semanas. Sin embargo, el trámite debe hacerse de manera presencial y requiere la presentación de documentos oficiales emitidos en Nicaragua, como la cédula de identidad y partidas de nacimiento. Esta burocracia resulta inviable para quienes están en el exilio.
Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, los consulados nicaragüenses no ofrecen alternativas para realizar trámites desde el extranjero y, en muchos casos, son percibidos como extensiones del control estatal. Además, aunque la ley permite la entrega de poderes notariales, el INSS suele exigir la presencia física del asegurado, impidiendo así cualquier gestión.
Estrategias Represivas del Régimen
La exclusión de los exiliados del sistema de pensiones es parte de una política de «castigo transnacional». Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) revela que el régimen Ortega-Murillo ha extendido su represión más allá de las fronteras del país. Las violaciones de derechos incluyen la denegación arbitraria del derecho a la pensión, incluso para aquellas personas que han trabajado formalmente durante años.
El informe del GHREN también destaca que la privación de la nacionalidad y la eliminación de documentos oficiales han llevado a lo que las propias víctimas describen como una «muerte civil», provocando efectos devastadores en sus vidas y en las de sus familias.
Sofia Montenegro y el Vacío del Exilio
Con un tono directo, Sofía Montenegro describe su situación como un profundo vacío: “Es el robo de algo por lo que trabajé toda mi vida. Al haberme privado de mi nacionalidad, el régimen me hace sentir como una no persona”. A sus 72 años, ella se encuentra en un punto crítico, sin posibilidades de reintegrarse en un nuevo entorno laboral.
