Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, enfrenta una crisis de confianza que afecta directamente a la mayor empresa de Colombia. Tras especulaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la situación ha escalado a una imputación formal por parte de la Fiscalía, representando un grave desafío para la petrolera estatal. Según Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, la continuidad de Roa en su cargo genera incertidumbre en el mercado y un posible riesgo fundamental para la empresa. “Mantener a Roa en el puesto es incurrir en un riesgo”, asegura Guzmán.
La imputación se centra en violaciones a los topes electorales, lo que conlleva penas de entre cuatro y ocho años de prisión, así como un presunto tráfico de influencias ligado a la adquisición de un apartamento en Bogotá y la adjudicación irregular de un contrato estratégico para regasificación. Natalia Name, abogada de NNR Estudio Legal, explica que la Junta Directiva de Ecopetrol se enfrenta a un dilema complejo: su responsabilidad no es la defensa de la inocencia de Roa, sino la protección de la imagen y la conveniencia de la empresa.
Desafíos dentro de la Junta Directiva
La reciente reestructuración de la Junta Directiva ha incrementado la tensión interna. Tras la desvinculación de Mónica de Greiff y Álvaro Torres, la edición de tres nuevos miembros refleja aún más esta división: César Loza, líder sindical; Juan Gonzalo Castaño, ingeniero crítico del fracking; y Carolina Arias, académica ambientalista. Esta nueva composición ha llevado a que el órgano directivo se perciba como menos independiente, según Mauricio Tellez, exgerente de comunicaciones de Ecopetrol.
Consecuencias financieras
Ecopetrol ha mostrado un debilitamiento en sus balances. En el tercer trimestre de 2025, reportó utilidades por 2,5 billones de pesos, una caída del 29,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según un informe de Corficolombiana, este representa el segundo peor desempeño desde 2020. Adicionalmente, la compañía ha recurrido a emitir deuda a tasas elevadas, similares a las de la pandemia, lo que ha sido catalogado como una “crisis reputacional” con claras repercusiones en su política energética.
Calificaciones del mercado
Las agencias de calificación también han reaccionado. Fitch Ratings, tras bajar la nota soberana de Colombia, redujo la calificación global de Ecopetrol de BB+ a BB, reflejando el vínculo entre la empresa y el riesgo fiscal. Sin embargo, dejó el perfil crediticio individual en ‘bbb-’, lo que indica cierta solidez en sus operaciones técnicas, a pesar de los desafíos en el ambiente económico y político del país.
El principio de presunción de inocencia sigue vigente en el Estado de derecho. No obstante, Ricardo Roa había afirmado en abril de 2024 que se apartaría del cargo si su reputación afectaba el valor de Ecopetrol en el mercado. Con los recientes desarrollos, el caso ha evolucionado más allá de un trámite administrativo, convirtiéndose en un proceso penal que intensifica la presión sobre su liderazgo.
