La detención de Armando Fernández Larios, exagente de la DINA, ha generado un profundo impacto en Chile. Fernández, quien enfrentaba cinco solicitudes de extradición por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue arrestado en Fort Myers, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 27 de enero, aunque el arresto tuvo lugar en octubre de 2025.
El perfil de un exagente de la DINA
A los 76 años, Armando Fernández Larios es un exmayor del Ejército chileno que ha estado en Estados Unidos durante casi cuatro décadas. Su historial incluye la participación en el atentado que resultó en la muerte del excanciller Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt en Washington en septiembre de 1976. Fernández es considerado un agente clave de la dictadura, con estrechos lazos con el general Manuel Contreras, cabeza de la DINA. Según el abogado Nelson Caucoto, “era un hombre de confianza de Contreras y Pinochet, participando desde el asalto a La Moneda el 11 de septiembre de 1973”.
Crímenes atribuidos y extradiciones solicitadas
En Chile, Fernández es requerido por el homicidio de la estadounidense Ronnie Moffitt y por el asesinato del funcionario español Carmelo Soria, ocurrido en Santiago en julio de 1976. Este último crimen fue perpetrado por una brigada de la DINA. El abogado querellante Francisco Ugás ha indicado que hay testigos que aseguran que “él estuvo en el lugar de detención de Soria”, donde este fue brutalmente torturado.
Fernández Larios también enfrenta acusaciones por el crimen de Manuel Sanhueza Mellado en Pisagua y su implicación en la infame Caravana de la Muerte, que encabezó el general Sergio Arellano Stark tras el golpe de Estado. Esta expedición resultó en la ejecución de 73 prisioneros políticos. En 2005, la justicia chilena solicitó su extradición en relación con la desaparición del ingeniero civil David Silberman en 1973.
En 2003, una Corte Federal de Miami lo declaró responsable del asesinato de Winston Cabello en 1973, pero luego de estas sentencias, su paradero permaneció en el anonimato hasta su reciente detención.
La protección legal y su confidencialidad
La sorpresa del arresto se acentúa debido a que, según informes, Fernández Larios gozaba de protección legal en Estados Unidos desde 1987, año en que huyó de Chile en medio de una investigación judicial. Durante su estancia en América del Norte, contribuyó con información a cambio de ciertos beneficios legales, incluyendo una sentencia reducida tras declararse culpable del encubrimiento del asesinato de Letelier y Moffitt.
Un testigo clave en el juicio de 1987 fue el embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien recordó la emotiva escena cuando el exagente confesó. La viuda de Letelier, Isabel Margarita Morel, estaba presente y, tras escuchar la declaración, expresó su deseo de perdón, aunque apuntó a Pinochet como el culpable real.
Impacto y expectativas en Chile
La detención de Fernández Larios reaviva una serie de investigaciones sobre crímenes de la dictadura. Juan Pablo Letelier, hijo de Orlando Letelier, y otros familiares de víctimas expresan su deseo de que Fernández rinda cuentas por sus acciones en Chile. «La justicia tarda… hay muchas familias en Chile que buscan justicia, y Armando Fernández Larios nunca debió haber estado libre en Estados Unidos», declaró Letelier.
Desde su captura, la atención se ha centrado en lo que puede suceder a Fernández en Chile, donde enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con sus actividades durante la dictadura. La comunidad en busca de justicia por los crímenes del pasado espera que se avance finalmente en estos casos.