El debate sobre Gaza ha vuelto a ocupar la agenda pública en Colombia, en medio de la tensión diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Donald Trump, así como por el inicio de la campaña electoral. Pronunciamientos y entrevistas de precandidatos han reavivado una discusión que trasciende lo semántico y lo ideológico, y que se centra en aspectos jurídicos, políticos y humanitarios.
La postura de los precandidatos frente al genocidio en Gaza
La negación o relativización del genocidio en Gaza no se trata de un error de comunicación por parte de siete de los nueve precandidatos de la coalición de derecha. Este comportamiento refleja una postura política que se alinea con su concepción sobre el uso de la fuerza, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la protección de la población civil. Esta posición está intrínsecamente ligada a su visión del país que pretenden gobernar, que dista de respetar las normas internacionales.
Informe de la ONU sobre la violencia en Gaza
El 6 de enero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que documenta el aumento de la violencia sistemática contra la población palestina. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, las fuerzas israelíes asesinaron a al menos 2.321 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, de los cuales 496 eran niños y niñas. Además, más de 32.000 personas fueron desplazadas forzosamente y se reportó una intensificación de ataques por parte de colonos, que aumentaron un 66%. El informe concluye que estas acciones son parte de un régimen de dominación que persiste a pesar del cese de hostilidades.
Desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia advirtió sobre el riesgo de genocidio en Gaza, la situación ha empeorado. Un informe de octubre de 2025 reveló que más del 80% de la población de Gaza ha sido desplazada, mientras que el sistema de salud colapsó y la destrucción de infraestructura civil alcanzó niveles sin precedentes.
Respuestas de los precandidatos
A pesar de la gravedad de la situación, los precandidatos han justificado estas violaciones, con algunos considerando bombardeos en campamentos donde hay presencia de niños, lo que constituye una infracción clara al DIH. Este tipo de justificaciones se han basado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Vicky Dávila, por ejemplo, ha alineado su negación del genocidio en Gaza con la política exterior de Estados Unidos, relativizando los informes de la ONU y justificando el uso de la fuerza en nombre de la seguridad. Por otro lado, Juan Manuel Galán, aunque con un tono más institucional, evitó pronunciarse claramente sobre el genocidio y defendió la intervención extranjera en Colombia en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos.
Juan Carlos Pinzón defendió sin ambigüedades el uso intensivo de la fuerza militar, apoyando bombardeos a pesar de la presencia de civiles. Este enfoque refleja una conocida concepción de la guerra en Colombia, cuyo impacto humanitario ha sido documentado a lo largo de los años.
Paloma Valencia, por su parte, defendió abiertamente a Israel y negó el genocidio, enfatizando una política de seguridad centrada en la fuerza, sin matices ante las críticas internacionales. A diferencia de sus colegas, su postura es claramente una defensa de una visión bélica que prioriza la victoria militar.
Relaciones diplomáticas y ayuno humanitario en Gaza
Todos los precandidatos comparten un punto en común: el anuncio de reestablecer relaciones diplomáticas con Israel sin condiciones ni cuestionamientos. Este gesto se presenta como un acto de pragmatismo, pero en realidad representa el apoyo a un Estado reconocido por su historial de violaciones de derechos humanos.
Para agosto de 2025, se declaró oficialmente una hambruna en Gaza, con al menos 461 muertes por desnutrición. Más de 370 trabajadores humanitarios perdieron la vida, y los bombardeos de instalaciones de la ONU se multiplicaron, junto con la reducción de la ayuda humanitaria a menos de un tercio de los niveles anteriores a octubre de 2023.
Hipocresía y desconexión de los precandidatos
Las posiciones de los precandidatos no solo reflejan una falta de comprensión de los derechos humanos, sino también una desconexión con las regiones del país más allá de sus entornos políticos. A pesar de proclamaciones sobre derechos de la niñez y desarrollo juvenil, respaldan operaciones militares que resultan en la muerte de civiles inocentes.
La hipocresía es evidente al promover discursos sobre diversidad cultural mientras ignoran las realidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia. Los debates y entrevistas actuales ofrecen a la sociedad colombiana una oportunidad de reflexionar sobre qué tipo de liderazgo desean para el futuro.