¿Injerencia extranjera o manipulación tecnológica? Análisis de la situación

En la actualidad, figuras como Pável Dúrov, fundador de Telegram, y Elon Musk, CEO de X (anteriormente Twitter), están intentando influir en la política española y en otros países. Aunque no se trata de injerencias estatales, es fundamental analizar el impacto de estas grandes corporaciones, que en ocasiones superan el PIB de muchos estados, en las decisiones políticas. Cuando estas empresas utilizan su acceso privilegiado a aplicaciones masivas para promover sus opiniones, surge la inquietud sobre su influencia en la narrativa pública y cómo esto puede afectar la soberanía de los gobiernos.

Las herramientas de comunicación como altavoces de intereses privados

El uso de plataformas de comunicación masiva por parte de magnates tecnológicos suscita debates sobre sus intenciones. Por ejemplo, Pável Dúrov ha empleado el chat de soporte de Telegram para comentar sobre las acciones del Gobierno español. Por su parte, usuarios de X pueden ver mensajes de Elon Musk al abrir la aplicación, lo que plantea la cuestión de si estos mensajes se distribuyen de manera justa o si se manipulan algoritmicamente. Estos incidentes no son exclusivos de España; han ocurrido en otras partes del mundo igualmente.

Evidencias globales de lucha contra la regulación

En 2021, los australianos que buscaban información en Google se encontraron con anuncios que denunciaban una legislación que requería a plataformas como Google pagar por contenido periodístico. De manera similar, en 2023, una agresiva campaña de lobby por parte de Google y YouTube logró desestimar un proyecto de ley sobre desinformación en Brasil. Este “modus operandi” no siempre se opone a los gobiernos; en enero de 2025, usuarios estadounidenses vieron un mensaje en TikTok que anunciaba su prohibición, aunque fue rápidamente revertida tras una acción ejecutiva del entonces presidente Trump.

Intereses privados versus interés público

Es razonable que las plataformas expresen sus posturas de forma transparente, siempre que no comprometan la independencia de la legislación de un país. Sin embargo, estas intervenciones suelen manifestarse cuando se intenta regular el ecosistema digital, favoreciendo los intereses corporativos por encima del bienestar social. Los llamados a los españoles a defender sus derechos, como promovió Dúrov, reflejan más un interés comercial que una preocupación genuina por la ciudadanía.

La regulación de redes sociales y su impacto

Recientemente, el Gobierno español ha planteado medidas que buscan proteger a los menores de 16 años en redes sociales, lo cual ha generado una mezcla de expectativas y desacuerdos. Es vital que las soluciones no impliquen la eliminación del anonimato en Internet ni un excesivo control estatal. Aunque prohibir el acceso a menores es una opción, otras estrategias, como mejorar la educación en medios y fomentar la formación crítica, son esenciales para afrontar los desafíos digitales. Actualmente, la inclusión de estos temas en el currículo educativo es insuficiente.

Influencia de los grandes intereses tecnológicos globales

No solo Dúrov y Musk ejercen presión; un reciente informe del Congreso de EE. UU. critica a la Unión Europea por censurar contenido americano, en particular la Ley de Servicios Digitales. Este informe incluye varias comunicaciones entre plataformas y la Comisión Europea sobre cómo proteger a la ciudadanía de los riesgos que suponen estas grandes empresas, un entendimiento que decayó tras la llegada de Trump al cargo.

Desafíos a la soberanía democrática

La soberanía de los estados democráticos se ve cuestionada por actores externos que intentan alterar la percepción pública sobre su legitimidad. Si bien es cierto que muchas democracias enfrentan problemas, la situación no se asemeja a regímenes como Bielorrusia o Corea del Norte. Es crucial reconocer que los gigantes tecnológicos buscan influir en las políticas digitales en Europa y España, poniendo en duda la capacidad de los gobiernos para regular Internet en beneficio de los ciudadanos. Esta realidad debe ser objeto de estudio y atención urgente.