Recientemente, la Comisión Europea ha manifestado su respaldo a los Estados miembros que buscan responsabilizar a las plataformas digitales, en el contexto de ataques personales dirigidos al presidente español Pedro Sánchez. Estos ataques provienen de figuras destacadas del sector tecnológico, como Elon Musk y Pável Dúrov. A través de un comunicado, la Comisión expresó su «solidaridad» con aquellos países que están trabajando para hacer responsables a las plataformas en línea, marcando un endurecimiento en su postura respecto a incidentes previos.
El portavoz de la Comisión para Asuntos Digitales, Thomas Regnier, subrayó: “En Europa, exigimos responsabilidades a las plataformas en línea, empoderamos a nuestros ciudadanos y protegemos a nuestros hijos”. Esto se enmarca dentro de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca establecer reglas claras para salvaguardar a los usuarios, especialmente a los menores, frente a los riesgos asociados con el uso de estas plataformas.
La creciente preocupación por las características adictivas y los contenidos nocivos en redes sociales ha llevado a varios países, incluido España, a considerar medidas como la prohibición del acceso a estas plataformas para menores de 16 años. Esta semana, el gobierno español ha sido blanco de críticas por parte de Musk, quien se refirió a Sánchez de manera despectiva, y Dúrov, que también se sumó atacando directamente los planes del Ejecutivo español.
Francia, alineada con España, ha propuesto medidas similares y ha sido objeto de ataques similares por parte de Musk y Dúrov. Recientemente, el gobierno francés fue objeto de una investigación judicial que condujo a un registro en las oficinas de X en el país, lo que generó reacciones de indignación de estos magnates digitales. Dúrov, quien enfrentó duras críticas y un arresto en París, acusó a Francia de limitar la libertad de expresión en su respuesta a la regulación de las redes sociales.
La relación entre Bruselas y los gigantes tecnológicos no se limita a España y Francia: los ataques, tanto en redes sociales como en comunicaciones privadas, han sido un tema recurrente. Sin embargo, mientras que las acciones legales en respuesta a estos mensajes dependerán de las autoridades nacionales, Telegram no ha sido clasificada como una «plataforma de gran tamaño» (VLOP), lo que limita las obligaciones de diligencia debida bajo la normativa europea.
A pesar de la “solidaridad” expresada por la Comisión Europea, sus competencias en la regulación del envío masivo de mensajes privados son limitadas, abriendo un debate sobre la efectividad de las actuales normativas frente a los desafíos que presentan las plataformas digitales.
