El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes que se prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años, describiendo estas plataformas como el “salvaje Oeste digital”. Esta medida forma parte de un conjunto de cinco iniciativas destinadas a proteger a los jóvenes en el entorno digital, que incluye la verificación de la edad, la trazabilidad del odio, la responsabilidad de los directivos tecnológicos, y la consideración de la manipulación de algoritmos como un delito. Además, se colaborará con la Fiscalía para perseguir delitos en las redes sociales.
Prohibición de acceso a redes sociales para menores
Desde 1999, en España está prohibido que los menores de 14 años faciliten sus datos personales sin el consentimiento paterno para abrir cuentas en redes sociales, según se establece en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La iniciativa de elevar la edad mínima de 14 a 16 años ya estaba contemplada en el proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso. La novedad del anuncio es una enmienda que prohíbe la creación de cuentas en redes sociales incluso con la autorización de los padres, y Sánchez mencionó que el Gobierno ya cuenta con una herramienta para verificar la edad, aunque no se ofrecieron detalles sobre su funcionamiento.
Verificación de edad: un requisito legal desde 2016
Borja Adsuara, jurista experto en derecho digital, señala que el desafío no radica en cambiar la edad mínima, sino en contar con un sistema de verificación eficaz. Aunque existen normativas europeas que exigen la verificación de edad—como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)—, su aplicación ha sido dificultosa debido a la falta de técnicas de verificación seguras.
¿Realmente protege a los menores?
Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef, señala que aunque es valioso reactivar el debate sobre la responsabilidad de las plataformas, simplemente excluir a los menores de las redes sociales no garantiza un entorno seguro. En su opinión, es crucial formar a los jóvenes en competencias digitales, ciberseguridad y manejo de la desinformación. La doctora en psicología clínica Silvia Álava también destaca que la responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias, argumentando que las empresas tecnológicas deben crear entornos más seguros que no fomenten la adicción.
Retos de la privacidad en la digitalización
En países como Australia, Reino Unido y en toda Europa, se han adoptado diversas medidas para regular el uso de Internet por parte de menores. Algunas tecnologías utilizan el escaneo facial como método para verificar la edad, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad digital. Adsuara cuestiona si es correcto entregar datos biométricos de menores para su protección y aboga por un sistema de certificados digitales más respetuoso con la privacidad.
Eficacia de las medidas restrictivas
Guadix comenta que limitar el acceso por tramos de edad no siempre resulta efectivo, citando experiencias en Australia, donde muchos jóvenes han migrado a plataformas no restringidas o utilizan VPN para eludir controles. Adsuara coincide, subrayando que las medidas implementadas pueden tener una función simbólica y pedagógica, pero no garantizan el éxito absoluto.
Trazabilidad del odio: un debate polémico
Adsuara también se refiere a la medida sobre la trazabilidad del odio como una de las más controvertidas. Explica que, aunque todos apoyan la lucha contra el odio, es complejo determinar quién califica qué constituye odio o desinformación, y considera necesario que esta función recaiga en un órgano independiente y no en entidades gubernamentales.
Responsabilidad de las plataformas digitales
El proyecto del Gobierno también incluye la posibilidad de perseguir penalmente a los directivos de plataformas digitales por los contenidos compartidos en sus redes. Sin embargo, la Comisión Europea ha manifestado sus dudas sobre la viabilidad de esta propuesta, enfatizando que es complicado atribuir responsabilidad penal en el contexto digital. Adsuara también expresa sus reservas sobre la capacidad del Gobierno para reformar el Código Penal.
