La Generalitat de Cataluña ha destinado ocho millones de euros en compensaciones a propietarios de viviendas con desahucios suspendidos durante el periodo 2021-2025. La moratoria antidesahucios, implementada en Cataluña, ha generado únicamente 553 reconocimientos de compensaciones a propietarios, con un importe medio de 14.664 euros por vivienda. Desde la entrada en vigor del escudo social, se han presentado 2.560 solicitudes de compensación, convirtiendo a Cataluña en la comunidad autónoma con mayor número de peticiones.
Un notable aumento en las solicitudes se ha registrado en 2025, con más de 1.200 peticiones recibidas por la Agència de l’Habitatge, un incremento que duplica los números de 2024 y casi cuadruplica los de 2023.
Incremento significativo en las solicitudes de compensación
Este incremento en la demanda se debe en gran medida a las solicitudes realizadas por personas jurídicas, que han representado el 68% del total de peticiones desde 2021. En 2025, este porcentaje se ha elevado al 84%, evidenciando un cambio en los perfiles de los solicitantes.
El Observatori Desca, una entidad de defensa de derechos humanos con sede en Barcelona, ha obtenido estos datos mediante una solicitud de información. Su técnico de vivienda, Guillem Domingo, señala que muchas familias vulnerables amparadas por la moratoria residen en inmuebles de grandes propietarios, principalmente empresas.
Prórroga del escudo social en la cuerda floja
El Observatori Desca aboga por una prórroga del escudo social que garantice el realojo de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el pasado martes, el Congreso de los Diputados rechazó la extensión de la prohibición de desahucios, un movimiento respaldado por votos en contra de PP, Vox y Junts.
Desafíos en la implementación de compensaciones
Expertos han cuestionado la eficacia de estas compensaciones, argumentando que pueden desincentivar el alquiler de viviendas. Gemma Caballé, subdirectora de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, sostiene que la moratoria representa una intervención excesiva a costa de los propietarios. Además, destaca que la cantidad de compensaciones es insuficiente y que no aborda el problema de la escasez de vivienda.
Las asociaciones de propietarios expresan su descontento ante la imposibilidad de desalojar a inquilinos vulnerables y critican que las compensaciones son escasas. De las 2.560 solicitudes recibidas, solo se han aceptado el 23% (601), incluyendo las 553 que han recibido el pago, mientras que el 20% (514) han sido denegadas y el 56% (1.445) permanecen pendientes de evaluación.
Distribución de solicitudes en Barcelona
El 27% de las solicitudes provienen de la ciudad de Barcelona, seguida por Badalona (5%) y L’Hospitalet de Llobregat (4%). La distribución de peticiones de compensación por municipio está disponible para su consulta.
Proceso de pago de compensaciones
Las autoridades están obligadas a garantizar una “vivienda digna” según el decreto de moratoria que caducó el 31 de diciembre. Sin embargo, los servicios sociales carecen de viviendas vacantes para aquellos cuya vulnerabilidad ha sido judicialmente reconocida. Para las personas afectadas, las comunidades autónomas deben compensar a los propietarios, alineando los pagos con el valor medio de los alquileres según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, que generalmente es inferior al precio de mercado actual.
