La relación entre Colombia y las Naciones Unidas se encuentra en un punto crítico, especialmente en lo que respecta al monitoreo de la producción de coca. Después de casi tres décadas de colaboración, el presidente Gustavo Petro ha decidido cuestionar la metodología utilizada por la UNODC (Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito) y ha anunciado su intención de desvincularse de ella. Este anuncio se interpreta no solo como una discrepancia técnica, sino como una amenaza a la continuidad del contrato, que expiró en diciembre pasado.
Críticas a la Metodología de la UNODC
Desde hace varios meses, Petro ha argumentado que las cifras publicadas por la UNODC no reflejan la realidad colombiana. Estas estadísticas han sido fundamentales en la narrativa del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la lucha contra las drogas en Colombia, llegando a alertar que estos datos podrían casi desencadenar una guerra. A pocos días de su visita a la Casa Blanca, Petro ha manifestado su determinación por presentar una nueva visión sobre los cultivos ilícitos.
El mandatario expresó en un mensaje en redes sociales que “el indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC”. Según Petro, el Gobierno colombiano ha entregado estudios a la DEA (Administración para el Control de Drogas) que demuestran que la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca se ha reducido a cero. Este asunto se abordó en una conversación telefónica entre Petro y Trump el pasado 8 de enero, donde la discrepancia sobre las cifras fue un tema central.
Datos de Producción de Cocaína
En noviembre pasado, se informó que la producción potencial de cocaína en Colombia alcanzó un récord de 3.001 toneladas, lo que representa un incremento del 12,6% en comparación con el año anterior, aunque también se observó una desaceleración en el crecimiento de la producción. Desde entonces, la tensión con la UNODC continúa, y la posibilidad de renovar el contrato es incierta, a menos que la ONU reconozca errores técnicos en su metodología.
Impacto Político y Alternativas de Monitoreo
Las repercusiones de este conflicto son significativas. Petro ha atribuido las cifras de la UNODC a la descertificación de Colombia y a su inclusión en la llamada Lista Clinton en octubre pasado. En caso de que el contrato con la UNODC no se renueve, el presidente planea que Colombia asuma directamente el monitoreo de los cultivos ilícitos, destacando la capacidad de la policía para llevar a cabo esta tarea.
Desde 1999, la UNODC ha sido la autoridad principal en la medición de los cultivos de coca en Colombia, proporcionando datos sobre hectáreas sembradas y producción potencial. Sin embargo, su metodología ha sido cuestionada tras la publicación de cifras altas en el informe de 2023. La UNODC realiza mediciones anuales en una región específica y extrapola los resultados, lo que puede inflar artificialmente las cifras nacionales en años donde se evalúa una región más productiva.
La Propuesta de la Policía Nacional
Petro ha defendido la metodología del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional, que ofrece informes mensuales utilizando imágenes satelitales. Según estos datos, hasta agosto pasado, Colombia contaba con 262.179 hectáreas sembradas de coca, un 15% menos que las cifras presentadas por la UNODC. No obstante, esta metodología también ha sido objeto de críticas por considerar que no es completamente precisa.
Relaciones con Estados Unidos
El cambio en la metodología de monitoreo se produce en un contexto delicado con Estados Unidos. La UNODC ha sido una fuente principal para que Washington evalúe la respuesta de Colombia a los problemas de drogas. En su informe más reciente, publicado el 18 de octubre de 2024, la UNODC reportó que Colombia llegó a 253.000 hectáreas de coca y que la producción potencial de cocaína pura aumentó un 53% entre 2022 y 2023.
Las afirmaciones de Petro sobre las cifras de la UNODC, a las que ha calificado de engañosas, han intensificado la tensión entre ambos líderes, donde Trump llegó a acusar a Petro de no hacer lo suficiente en la lucha contra la producción de cocaína, lo que el presidente colombiano ha rechazado alegando desinformación.
Aunque la discusión gira en torno a cuestiones metodológicas, el impacto político es considerable. Los documentos que Colombia presentará en la reunión del 3 de febrero en Washington determinarán el rumbo de la relación bilateral en materia de drogas y la capacidad de Petro para implementar una nueva estrategia sin los respaldo de las cifras tradicionales. Se está en juego no solo la interpretación del crecimiento de los cultivos de coca, sino también la política nacional en materia de drogas.
