Violencia Persistente en el Catatumbo, Colombia
El Catatumbo, una región montañosa en la frontera con Venezuela, se ha mantenido como el epicentro de la violencia en Colombia durante un año. Este enclave cocalero, responsable de una gran parte de la producción de cocaína mundial, ha sido testigo de intensos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC, lideradas por alias Calarcá Córdoba. El Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogo con este último grupo, pero la situación en la región sigue deteriorándose.
Desplazamientos Masivos y Emergencias Humanitarias
La Defensoría del Pueblo de Colombia aún no ha actualizado las cifras sobre el desplazamiento forzado en enero de 2025. Sin embargo, en 2023 se reportaron 91.676 casos. Desde finales de diciembre, los habitantes de la zona han denunciado la presencia de drones sobrevolando sus localidades, a menudo cargados con explosivos. Imágenes recientes muestran a familias ondeando camisetas y trapos blancos como una forma de prevenir ataques a sus viviendas. Muchos de estos pobladores tuvieron que abandonar sus hogares hace un año, y ahora, tras regresar, temen enfrentar una nueva ola de violencia.
Reacciones del Gobierno ante la Crisis
El presidente ha calificado la situación como un “fracaso de la Nación”, refiriéndose al desplazamiento masivo y a la emergencia humanitaria que se vive en la región. En este contexto, el presidente suspendió los diálogos con el ELN, afirmando que el grupo había optado por la guerra. Sin embargo, se han mantenido las negociaciones con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBD) de Calarcá Córdoba. Además, se busca establecer una zona de ubicación temporal en el municipio de Tibú, donde se espera que al menos 150 combatientes del Frente 33 puedan dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
El Drama Familiar de las Quiñones
El 14 de febrero de 2025, una emergencia humanitaria se agravó cuando un enfrentamiento en la zona rural de Tibú dejó heridas a dos hermanas, Johanna y Alejandra Quiñones, de 18 y 25 años, respectivamente. Durante el ataque, las balas atravesaron las paredes de su hogar. Las hermanas intentaron proteger a sus hijos pequeños, pero Johanna murió en la ambulancia mientras era trasladada a un hospital en Cúcuta. Alejandra pasó dos meses en coma y sucumbió el 14 de abril. La familia, distruida por la tragedia, ahora enfrenta un nuevo ciclo de violencia.
Retorno a la Violencia en el Catatumbo
Blanca Parada, la madre de las hermanas asesinadas, habla sobre el sufrimiento familiar tras el asesinato de sus hijas. Después de pasar tres meses en Cúcuta, regresaron a su hogar en el Catatumbo donde trabajan en fincas cercanas. Sin embargo, la violencia persiste, y recientemente escucharon explosiones nuevamente. A pesar de regresar, su vida sigue marcada por el trauma y los recuerdos de su dolorosa pérdida.
Denuncias y Falta de Ayuda Humanitaria
La familia Quiñones no ha recibido atención adecuada de las instituciones de ayuda, a pesar de haber compartido su testimonio con la Unidad de Víctimas. Esto resalta un problema mayor en la respuesta humanitaria en la región. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ayudado con los gastos funerarios, pero las peticiones ante la Alcaldía de Tibú y la Gobernación siguen estancadas.
Alertas sobre un Nuevo Pico de Violencia
Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la situación, reportando el secuestro de cinco policías en la carretera entre Cúcuta y Tibú. Desde mediados de diciembre, más de mil personas han sido desplazadas, y otra organización humanitaria ha advertido que al menos 6.000 más se encuentran en riesgo de confinamiento. En la actualidad, la Defensoría, el Ministerio de Defensa y diversas organizaciones sociales regresaron al Catatumbo para evaluar la situación, aunque las perspectivas de paz son inciertas.
El Reclutamiento de Menores y la Esperanza de Migrar
El reclutamiento de menores por grupos armados se ha convertido en una preocupación creciente. Aunque faltan cifras precisas, el Ejército ha rescatado a 41 menores en el último año. La familia Quiñones, preocupada por la seguridad de su hijo de 15 años, ha considerado migrar a Venezuela para escapar del ambiente de violencia, aunque las condiciones no son ideales. “Al menos no viviríamos en esta zozobra infinita”, afirma Blanca.
