El Estado de Guanajuato, ubicado en el centro norte de México, y el Gobierno federal han anunciado una inversión de 15,000 millones de pesos para la construcción del acueducto Solís-León. Este ambicioso proyecto hídricos se extenderá por 187 kilómetros y, según la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se convertirá en una de las presas más grandes del país. Sin embargo, diversos sectores, incluidos agricultores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, consideran que representa una grave amenaza para el medio ambiente y las comunidades locales. Juan Manuel Ayala López, portavoz del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, advirtió sobre el “ecocidio” que podría desencadenar esta obra.
Protestas y malestar social
Las protestas en contra del acueducto comenzaron hace más de cuatro meses, incrementándose con el tiempo debido al descontento generalizado. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de las obras en septiembre, lo que despertó la indignación en varias comunidades de Guanajuato, especialmente por la falta de consulta popular. Ayala López explicó que no se realizó la consulta previa e informada que exige la ley para proyectos que afectan a comunidades, lo que ha generado desconfianza en la población. Además, la información oficial sobre el proyecto está reservada por cinco años, lo que alimenta la inquietud pública.
Impacto regional y disputas históricas
El acueducto, que abastecerá agua a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, ha reavivado una histórica disputa entre Guanajuato y Jalisco. Esta tensión se remonta a la construcción de la presa El Zapotillo, que originó conflictos por la distribución del agua. En 2021, un decreto presidencial excluyó a Guanajuato de los beneficios del proyecto, enfocándose en abastecer la zona metropolitana de Guadalajara. Habitantes y ediles de la ribera del lago de Chapala, en Jalisco, han interpuesto cerca de 5,000 amparos contra el acueducto, con el apoyo del gobernador Pablo Lemus, quien ha subrayado la necesidad de proteger los recursos hídricos de la región.
Inquietudes sobre la tecnificación del riego
El argumento principal a favor del proyecto, apoyado por el Gobierno federal y estatal, es la tecnificación del riego en el Distrito de Riego 011. Esta modernización busca reducir el consumo de agua en la agricultura y aumentar los ingresos de los productores. Sin embargo, los habitantes de Guanajuato han expresado su escepticismo, temiendo que el agua destinada a riego se desvíe hacia la industria, particularmente en León, donde debido a la crisis hídrica, este recurso se ha vuelto vital.
Productores de municipios como Acámbaro y Salvatierra han rechazado el proyecto, resaltando la urgencia de soluciones inmediatas en años de sequía. Además, cuestionan la credibilidad del estudio de impacto ambiental que acompañó la obra, el cual consideran apresurado y con fallos significativos.
Oposición y solicitudes de suspensión
El obispo Raúl Vera, una voz crítica del proyecto, ha instado a la comunidad a unirse para frenar la construcción del acueducto, advirtiendo sobre el riesgo de desvío de agua del lago de Chapala. Este tipo de desvío, argumenta, podría amenazar la viabilidad del ecosistema que sustenta a miles de familias.
Además, la clasificación como información reservada de los documentos clave del proyecto por parte del Poder Ejecutivo de Guanajuato ha aumentado la desconfianza y el temor de muchos colectivos. Las organizaciones alertan sobre el posible involucramiento de la empresa israelí Mekorot como asesor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en México, añadiendo otra capa de preocupación.
Ayala concluye enfatizando la necesidad de suspender el proyecto inmediatamente, reafirmando que su oposición no es contra el derecho humano al agua, sino contra su uso desigual que favorece a los poderosos en detrimento de las comunidades más vulnerables.
