Kilmar Abrego García ha recuperado su libertad tras la orden de una jueza de distrito en Maryland que dictó su liberación inmediata. El salvadoreño, deportado erróneamente durante la administración de Donald Trump en marzo, fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos de tráfico de personas. Hasta su liberación, Abrego García permaneció en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania.
Según su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, Abrego García planea regresar a Maryland para reunirse con su familia. Aunque no tiene claridad sobre los próximos pasos legales, está preparado para defender a su cliente ante futuros intentos de deportación.
La jueza Paula Xinis enfatizó que la falta de una orden de deportación imposibilita cualquier intento del Gobierno de expulsar nuevamente a Abrego García. Xinis argumentó que «la conducta de las autoridades en los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como objetivo principal la expulsión», lo que llevó a la conclusión de que no debía permanecer en prisión.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su descontento con la decisión de la jueza, tildándola de «activismo judicial descarado» y anunció su intención de apelar. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, manifestó que la orden carece de una base legal válida y que el Gobierno continuará luchando en los tribunales.
El abogado Sandoval-Moshenberg reconoció que el Gobierno aún tiene muchas opciones y recursos legales disponibles. «Estaremos allí para luchar y asegurarnos de que haya un juicio justo», afirmó.
Este fallo representa un triunfo para Abrego García, quien se ha convertido en un símbolo de las deportaciones injustas durante la administración Trump. En marzo, fue deportado junto a un grupo de más de 200 venezolanos y algunos salvadoreños hacia El Salvador, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión conocida por su historial de violaciones de derechos humanos. Un juez está investigando si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permitió su traslado ignorando una orden judicial que exigía el regreso de los migrantes.
Kilmar Abrego García fue el primer caso reconocido por la Administración Trump en el que se admitió un error en su deportación, debido a que se había pasado por alto la protección judicial que le permitía permanecer en Estados Unidos. Abrego había ingresado al país de forma ilegal a los 16 años, huyendo de las amenazas de las pandillas en El Salvador. Aunque un juez le negó el asilo en 2019, se le otorgó protección contra la deportación por el riesgo a sufrir represalias.
El Gobierno Trump acusó a Abrego García de pertenecer a la banda criminal MS-13 y a una red de tráfico de personas. A excepción de un breve periodo en que fue liberado, ha estado bajo custodia desde su retorno a Estados Unidos en junio. Las autoridades exploraron opciones de deportación a varios países, incluyendo Uganda, Ghana y Liberia, pero Abrego García rechazó la deportación a 20 países por temor a represalias y torturas. En audiencias previas, la jueza Xinis criticó al Gobierno por descartar a Costa Rica, país que Abrego aceptó como refugio seguro.
Tras su deportación en marzo, una orden de la jueza Xinis y del Tribunal Supremo exigió su regreso, pero la Administración desoyó las instrucciones. La presión social y política forzó su retorno, aunque fue inmediatamente arrestado para encarar cargos de tráfico de personas.
Se espera que el juicio por los cargos penales se inicie en enero en un tribunal de Tennessee. El juez Waverly Crenshaw, encargado del caso, ha señalado que el tratamiento hacia Abrego García no parece fundamentarse en criterios legales, sino que podría ser considerado vengativo. Los cargos de tráfico de personas se basan en un video de una detención de tráfico en 2022, donde Abrego aparece conduciendo un vehículo con otros nueve migrantes. Él ha negado las acusaciones. Una audiencia programada para este lunes, que evaluaría si el caso fue iniciado como represalia por el enfrentamiento de su deportación en marzo, fue pospuesta sin fecha definida.
