El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado a la Fiscalía una investigación urgente sobre la aparición de varios cadáveres en las playas de La Guajira, en el extremo norte del país. A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro afirmó que los fallecidos aparentemente son lancheros, víctimas de un ataque en el mar Caribe, y podrían ser ciudadanos de la República Dominicana. Este pronunciamiento se acompaña de un video que muestra uno de los cuerpos arrastrado por las olas.
Petro subrayó la inacción de la Fiscalía, comentando que “mientras los indígenas Wayúus los han enterrado, la Fiscalía lleva un mes sin identificar a los cuerpos”. Hizo hincapié en que estos son asesinatos y que “no hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”, en referencia a las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. El despliegue de la Armada estadounidense, ordenado por Donald Trump, se ha dirigido principalmente a los carteles venezolanos y ha elevado la tensión en la región.
“Contamos con el mar estratégico del Caribe para combatir el narcotráfico, pero también para sufrir arbitrariedades. Nuestro mar y nuestro pueblo están heridos”, insistió Petro. Además, solicitó a la República Dominicana que colabore para encontrar a sus ciudadanos y sus familias, contribuyendo así a la identificación de las víctimas. “No más sangre en el Caribe. El pueblo caribeño debe unirse sin miedo para acabar con la masacre”, apuntó.
Espero del CTI la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres. Están enterrados en Puerto López extremo norte de la Guajira.
Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana.
Es inhumano que mientras los indígenas… pic.twitter.com/Sai42sEsNK— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025
El mandatario también denunció un reciente ataque de Estados Unidos en el mar Caribe, que tuvo lugar el 15 de septiembre y que estuvo dirigido contra una lancha que había salido de Santa Marta con un pescador colombiano a bordo, “presumiblemente” en aguas nacionales. La familia de Alejandro Carranza, identificado por Petro como uno de los civiles asesinados, presentó la semana pasada una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos contra supuestas narcolanchas como “ejecuciones extrajudiciales”. Más de 80 personas han perdido la vida, y solo se han identificado a dos supervivientes: un colombiano y un ecuatoriano, quienes fueron rescatados después de un ataque a un presunto narcosubmarino el 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no encontrarse pruebas de delitos en su contra. Además, el primer ataque en el océano Pacífico también ocurrió frente a las costas colombianas.
Desde el inicio de este despliegue militar en el Caribe, Petro ha sido un crítico vocal, a pesar de los riesgos que esto conlleva para sus relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial y militar de Colombia. Este posicionamiento ha llevado a enfrentamientos con Trump y a consecuencias directas, como la descertificación en la lucha antinarcóticos y la pérdida de su visa tras un discurso en Nueva York a favor de Palestina. Además, ha enfrentado sanciones del Tesoro estadounidense y ha sido señalado, sin pruebas, de ser un “líder del narcotráfico” por el propio Trump.
