El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha sido recluido nuevamente en prisión por sus implicaciones en el desfalco al Estado durante su mandato entre 2010 y 2016. La reciente llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) aceleró la ejecución de un expediente en su contra, el cual había estado en tramitación por alrededor de un año y medio, durante la era del exfiscal Alejandro Gertz. La extradición de Duarte desde Estados Unidos en 2022 había despertado la posibilidad de nuevas acusaciones federales, incluida una por blanqueo de capitales, que finalmente fue autorizada por el gobierno estadounidense.
Detención y nuevas acusaciones
La autorización llegó la semana pasada y, tras ella, Godoy ordenó la captura de Duarte, quien será enviado al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. A sus 62 años, Duarte pierde así los privilegios que había disfrutado en Chihuahua, donde se encontraba en libertad condicional mientras enfrentaba acusaciones de corrupción a nivel estatal.
A pesar de su imagen pública controlada durante su mandato, Duarte comenzaba a presentar su narrativa de inocencia, alegando ser un perseguido político por sus sucesores. La llegada de Maru Campos a la gubernatura favoreció temporalmente su situación, ya que Duarte pasó poco tiempo en prisión, beneficiándose de permisos de salud antes de su liberación.
Corrupción y nexo político
Desde el gobierno federal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre la posible impunidad que la administración de Campos otorgaba a Duarte. Este exgobernador es considerado un símbolo de la corrupción política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Duarte fue implicado en la Operación Safiro, un esquema que involucró desvíos de recursos destinados a financiar campañas electorales, y en un escándalo conocido como la Nómina Secreta, donde se reporta que pagaba sobornos a figuras influyentes en el estado.
En particular, la Fiscalía de Chihuahua ha denunciado a Maru Campos por presuntamente haber recibido sobornos mientras era diputada local.
Desvíos multimillonarios y falta de justicia
Las acusaciones en contra de Duarte son numerosas. Se le atribuye el desvío de 96 millones de pesos a empresas en las que tenía intereses, así como intentos de establecer un banco con otros 100 millones de pesos. Se le acusa de retener salarios de funcionarios estatales para financiar al PRI de Chihuahua, y de adquirir propiedades y lujos en México y Estados Unidos por un total de 190 millones de pesos usando fondos públicos. A pesar de alrededor de veinte órdenes de captura en su contra, ha podido enfrentar las acusaciones en libertad.
El gobierno federal ha enfatizado la amenaza de impunidad no solo por las lenidades hacia Duarte, sino también por la persecución de funcionarios que investigaron la corrupción vinculada a él. Uno de los casos más emblemáticos es el encarcelamiento del fiscal anticorrupción de Chihuahua, quien destapó el desfalco durante el gobierno de Duarte. A finales de 2022, López Obrador solicitó a la FGR que atrajera el caso, buscando proteger a los funcionarios que estaban siendo hostigados.
Avance en las investigaciones
La FGR comenzó a preparar una nueva acusación contra Duarte, con base en investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua durante la gestión de Javier Corral. En mayo de 2024, se concedió una orden de captura por blanqueo de activos, aunque su ejecución dependió de la autorización de Washington. La petición formal a Estados Unidos fue enviada en octubre de 2024, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, y describía el papel de Duarte en un esquema de lavado de dinero utilizando el sistema financiero mexicano con recursos ilícitos.
La respuesta de Estados Unidos, que llevó algo más de un año, evidenció ser un tema prioritario en la agenda bilateral, tratado en reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y estadounidenses. Este consentimiento es visto como parte de un intercambio de cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambos países.
Ernestina Godoy, fiscal general estrechamente vinculada con Sheinbaum, ha encauzado el caso Duarte como un golpe significativo al legado de corrupción de la administración anterior. A medida que se desarrollen estos procesos, se espera que se aclaren otros casos que involucren a miembros de la oposición y del oficialismo en México.
