La Fiscalía de Colombia ha confirmado que presenta cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, acusado de prevaricato en relación con una fallida licitación para la impresión de pasaportes. La solicitud formal para llevar a cabo la audiencia fue remitida al Tribunal Superior de Bogotá, donde se definirá la fecha correspondiente. Leyva, un importante opositor del presidente Gustavo Petro, es señalado por haber declarado desierto un proceso millonario para adjudicar el contrato de fabricación de pasaportes a la Unión Temporal de Thomas Greg & Sons, empresa que cumplía con todos los requisitos necesarios para obtener el contrato. Según la Fiscalía, Leyva habría emitido actos administrativos irregulares que justifican la imputación.
Este anuncio se produce solo dos días después de que la Fiscalía solicitara una audiencia similar para dos exministros que formaron parte de su gabinete: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, en el marco de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La acción de la Fiscalía contra Leyva se suma a la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General, que fue confirmada en septiembre pasado. A sus 83 años, Leyva ha sido inhabilitado para ocupar cualquier cargo público o de elección popular por un período de 10 años debido a la destitución y la inhabilidad ratificadas por el procurador General, Gregorio Eljach. La Procuraduría determinó que el excanciller incurrió en una falta gravísima al declarar desierta la licitación para los pasaportes, lo que refleja una falta de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública.
En 2023, la compañía Thomas Greg inició una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (aproximadamente 30 millones de dólares), aunque decidió retirarla en enero de este año. A lo largo de los tres años transcurridos, la empresa ha continuado desempeñando algunas funciones relacionadas con el contrato, debido a la necesidad del Ejecutivo de contratarla directamente por la falta de un proveedor para la fabricación de libretas de pasaporte.
Además de las implicaciones penales, ha surgido información sobre intentos de Leyva por buscar apoyo internacional en Estados Unidos. Según revelaciones, el excanciller intentó contactar a asesores cercanos a la administración de Donald Trump y se acercó a Marco Rubio, buscando una forma de implementar “una presión internacional” para destituir a su antiguo jefe, Gustavo Petro, a quien ha acusado públicamente de tener un problema de adicción que presuntamente le dificultaría el ejercicio del gobierno.
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