Colombia ha conmemorado recientemente dos eventos históricos significativos: los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia de la desaparición de Armero. Estos recuerdos han revelado que algunos sectores políticos temen confrontar la verdad, prefiriendo la evasión, el autoengaño o la negación. Este fenómeno se podría denominar «veratisfobia», un miedo irracional a la verdad que, aunque no está documentado, resulta necesario abordar.
En la conmemoración del Palacio de Justicia, se observó a exmiembros del M-19 defendiendo lo que califican como una “genialidad” al tomar el edificio, justificándolo como un acto en defensa de los derechos humanos. A su vez, ciertos exmilitares argumentaron que la retoma fue legítima por su intención de “defender la democracia”, mientras algunos exministros insistían en que el Presidente de la República tuvo un papel activo en el manejo de la situación, desestimando la noción de un golpe de Estado transitorio. Esto plantea un interrogante: ¿no sería más sensato aceptar que el gobierno y las Fuerzas Armadas tenían conocimiento previo sobre la toma del Palacio?
Recientemente falleció el general Víctor Delgado Mallarino, antiguo director de la Policía, llevando consigo secretos que han sido negados al pueblo colombiano. Su caso no es aislado; muchos han partido sin revelar la verdad de los hechos, dejando una carga de incertidumbre en la memoria nacional.
La esquiva verdad sobre Armero
La tragedia de Armero representa otra herida abierta en la memoria colectiva. En estos 40 años, pocas voces se han atrevido a hablar con honestidad. Una de ellas es Consuelo González, viuda del exgobernador de Tolima, Eduardo Alzate. Ella afirmó que su esposo tenía “una deuda con la verdad” y que había advertido sobre la amenaza del volcán. En una entrevista, reveló que el ministro de Minas de la época, Iván Duque Escobar, le sugirió a su esposo que guardara silencio, dado que no había recursos suficientes para evacuar el pueblo. A pesar de sus esfuerzos, Alzate fue acusado por un grupo armado que lo secuestró brevemente.
González también mencionó que las alarmas que se habían instalado para prevenir la tragedia no funcionaron la noche del desastre debido al robo de las baterías. Además, permanece en el aire el tema de los niños desaparecidos, cuya situación sigue envuelta en especulaciones y sin esclarecimiento por parte de las instituciones.
La errática equidistancia de los medios
Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la conmemoración de estos eventos, aunque han caído en errores graves y éticamente cuestionables. Algunos medios intentaron mantener un supuesto equilibrio al dar voz tanto a víctimas como a victimarios, lo que resultó en una manipulación de la narrativa histórica, convirtiendo al coronel Plazas, símbolo de la retoma, de victimario a víctima.
Estas conmemoraciones debieron centrarse en las voces de las víctimas, permitiendo que expresaran su dolor y reclamaran justicia. Sin embargo, en lugar de ello, muchos parecen optar por el silencio y la negación ante el pasado. A pesar de nuestras profundas tradiciones de arrepentimiento, el país continúa sin enfrentar su historia de manera efectiva.
El pacto de silencio
Colombia está marcada por verdades ocultas y pactos de silencio. En el contexto del Frente Nacional, por ejemplo, nunca se esclarecieron las calumnias de Laureano Gómez sobre las cédulas falsas que alimentaron la violencia. Este silencio ha impedido el reconocimiento de las víctimas y perpetradores que se beneficiaron de la violencia en el país.
Es cierto que se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, como lo demuestra el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha permitido que numerosos actores del conflicto reconozcan sus responsabilidades. Casos como el de los casi 22,000 secuestros por parte de las FARC-EP son un paso hacia la verdad, aunque queda un largo camino por recorrer en la identificación de los desaparecidos, que ascienden a 132,877, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Es fundamental seguir persiguiendo verdades compartidas y rechazar las posverdades que solo benefician a unos pocos. La normalización de la mentira en la sociedad es perjudicial y nos convierte a todos en cómplices de la injusticia histórica.
