Bombardeos Militares en Colombia: Controversia por la Muerte de Menores de Edad
Las fuerzas militares de Colombia llevaron a cabo, esta semana, dos bombardeos dirigidos contra las disidencias lideradas por Iván Mordisco. Este individuo es considerado uno de los criminales más buscados del país y un obstáculo significativo para la paz que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro con los grupos armados. Los ataques se realizaron en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y en la región selvática del Guaviare. En el bombardeo en Guaviare, se reportaron 19 muertes, incluyendo al menos siete menores de edad, según las confirmaciones de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, lo que pone en tela de juicio el compromiso del presidente Petro con el derecho internacional humanitario (DIH).
Declaraciones del Gobierno y Justificación de los Ataques
Antes de la confirmación oficial sobre las edades de algunos de los muertos, tanto Petro como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitieron la posibilidad de que hubiera menores entre los fallecidos. Durante una ceremonia de la Policía, Petro afirmó que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que, si la inteligencia falla, pueden impactar a personas menores de edad. “Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume”, sostuvo.
Tras la revelación de la muerte de los siete menores, Petro se defendió alegando que los disidentes planeaban atacar un pelotón militar. Afirmó que 150 hombres de alias Mordisco avanzaban armados hacia un grupo de 20 soldados, justificando el bombardeo como una medida preventiva para proteger la vida de sus tropas.
El ministro de Defensa, Sánchez, insistió en que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección”, sugiriendo que la edad no exime de las consecuencias del conflicto armado. Esta postura contrasta con el enfoque que Petro defendía durante el mandato anterior, cuando consideraba los bombardeos que resultaban en muertes de menores como “crímenes de guerra”.
Reacciones de Expertos y Organizaciones de Derechos Humanos
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), cuestionó los argumentos del Gobierno, afirmando que los menores son “sujetos especiales de protección” en conflictos armados. Resaltó que la única circunstancia que podría despojar a un menor de esta protección es si empuñan un arma en un combate directo, algo que no ocurre en un bombardeo.
Según Bonilla, el principio de proporcionalidad del DIH no parece haber sido respetado en este caso. Argumentó que, aunque el contexto puede justificar la acción militar, el costo de vidas civiles, especialmente de niños, no puede ser ignorado. Este principio establece que los ataques a objetivos militares no deben causar daños excesivos a civiles.
Andrés Aponte, coordinador de Justapaz, parte de la Coalición contra la vinculación de niños en el conflicto armado, instó al Gobierno a priorizar siempre la protección de civiles, especialmente niños, bajo el marco del DIH. Subrayó que el estado colombiano tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales que promueven esta protección.
Impacto y Efectividad de los Bombardeos
Desde el inicio de su mandato, Petro ha ordenado al menos una decena de bombardeos, centrándose principalmente en las disidencias de Mordisco y el Clan del Golfo. Sin embargo, los expertos advierten que este tipo de acciones pueden no ser efectivas sin un acompañamiento de estrategias de control territorial. Andrés Cajiao, de la Fundación Ideas para la Paz, explica que la estructura descentralizada de estos grupos facilita su adaptación y recuperación tras los bombardeos.
La reciente muerte de menores en el bombardeo ha colocado a Petro en una posición difícil, sobre todo porque ha criticado abiertamente las operaciones militares de Estados Unidos en la región, llamándolas “violaciones del derecho internacional”. A pesar de la controversia, el Gobierno cuenta con el apoyo de la Procuraduría, que ha calificado a los menores alzados en armas como “delincuentes” y justifica la acción militar en su contra.
