El Gobierno de México y los productores de maíz en el Bajío han alcanzado un acuerdo crucial sobre el precio de este importante producto agrícola. Después de días de disturbios la semana pasada, donde los agricultores bloquearon varias carreteras en el país, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha anunciado un incremento del 25% en el precio que se pagará a los comercializadores del maíz. Además, se ofrecerá un apoyo adicional de 950 pesos por tonelada, proveniente tanto del gobierno federal como de los estados. Este nuevo precio mínimo de 105 dólares (aproximadamente 2.000 pesos) por tonelada representa un aumento significativo, el más alto en una década, enfocado en fortalecer un sector que ha enfrentado bajos precios este año.
La base estandarizada de zona de consumo se ha fijado en 143 dólares (cerca de 2.700 pesos) por tonelada, mientras que la base regional será un máximo de 38 dólares para los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Las modificaciones anunciadas tendrán vigencia hasta marzo de 2026, lo que, según el Gobierno, permitirá “dar certidumbre a la planeación, contratación y comercialización del grano”. Se espera que estas nuevas bases de referencia sean efectivas para ordenar los mercados y atender las necesidades de consumo de los afectados.
Dentro del comunicado emitido por la Secretaría, se ha establecido el compromiso de crear un Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y la Comercialización del Maíz. Esta iniciativa busca brindar mayor certidumbre a la industria del maíz blanco y a los consumidores, asegurando que puedan adquirir el producto a un precio justo. No obstante, el anuncio no especifica una fecha precisa para su implementación, solo menciona “un plazo breve”. Según el Gobierno, el acuerdo beneficiará a aproximadamente 90.000 productores en la región que tienen hasta 20 hectáreas cultivadas.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, también se reunió este jueves con productores agrícolas de Tlaxcala, junto a autoridades del gobierno estatal y representantes de Alimentación para el Bienestar. Sin embargo, no se han presentado avances en otros estados respecto a la situación del maíz.
La semana pasada, los bloqueos realizados por los agricultores causaron la paralización de carreteras en al menos 22 de los 32 estados del país, en protesta por lo que describen como una “crisis agrícola sin precedentes”. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) ha pedido una “política agrícola clara” y mejores facilidades para acceder a créditos que fortalezcan a la industria.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los grupos que siguen demandando un aumento en el precio del maíz, señalando que existen “intereses políticos” detrás de los escasos bloqueos que aún persisten. La mandataria destacó que “la gran mayoría [de productores] ya firmó con la Secretaría de Agricultura” y que pronto se abrirán las ventanillas para el acceso a estos recursos, que estarán disponibles el próximo año. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum también minimizó la necesidad de más apoyos para esta industria, aseverando que las medidas ya ofrecidas son un “esfuerzo muy importante” del Gobierno.
