El Juicio por Corrupción de los Gobiernos de Kirchner
A lo largo de una década, Oscar Centeno, chofer de un destacado funcionario durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, documentó de manera exhaustiva cada uno de sus viajes cargados de dinero en efectivo. Este dinero, según informes, provenía de sobornos entregados por empresas constructoras para obtener contratos estatales. Centeno registró detalles como horarios, rutas y nombres, incluso el peso de los bolsos cuando no podía estimar la cantidad de dólares que contenían. Sus anotaciones, recogidas en libretas escolares, iniciaron la que hoy es considerada la mayor causa judicial por corrupción en Argentina: la causa de los cuadernos.
Inicio del Juicio Oral
El juicio oral contra Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos, comenzó el jueves. Además de Kirchner, 19 ex altos funcionarios kirchneristas y 65 empresarios están involucrados. Las audiencias se llevan a cabo de forma virtual, con los acusados conectados por videoconferencia.
Implicaciones Legales para Cristina Kirchner
La expresidenta, de 72 años, ya enfrenta una condena firme de 6 años de prisión en otro caso de corrupción y cumple arresto domiciliario desde junio. En este nuevo juicio, las posibles penas van de 5 a 10 años. Su defensa sostiene que “la sentencia ya está escrita” y que se trata de una “persecución” y “venganza”, según declaraciones de su abogado, Gregorio Dalbón.
Detalles de la Imputación
La fiscalía imputa a Kirchner y a su difunto esposo, Néstor Kirchner, la creación de un sistema de recaudación de fondos ilícitos entre 2003 y 2015, mediante arreglos con importantes empresarios nacionales e internacionales. Se alega que este esquema tenía como base la adjudicación de obras públicas y otros beneficios económicos.
El expediente judicial destaca los cobros realizados a empresarios según lo documentado por Centeno, al igual que las maniobras para la adjudicación de contratos de transporte y la cartelización de la obra pública. La acusación no solo dirige su mirada hacia Kirchner, sino también hacia exministros, secretarios, y altos funcionarios, así como a Centeno y otros choferes, y ejecutivos de grandes empresas.
Revelaciones y Conflictos de Testigos
Las anotaciones de Centeno surgieron a la luz pública en 2018, gracias al periodista Diego Cabot, quien hizo llegar fotocopias de los cuadernos a la Justicia. Varios empresarios mencionados en las anotaciones confirmaron posteriormente el esquema de corrupción, declarándose arrepentidos a cambio de beneficios judiciales.
Mientras algunos empresarios, como Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, alegaron que el dinero estaba destinado a campañas electorales y no a cambio de contratos, otros admitieron haber pagado sobornos directamente. Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, presentó una lista de empresas que realizaron pagos en efectivo para obtener contratos de infraestructura.
Intentos de Manipular la Justicia
Algunos empresarios arrepentidos cambiaron su versión, solicitando la nulidad de su imputación y alegando coerción en sus confesiones. En septiembre pasado, se intentó ofrecer hasta 15 millones de dólares y propiedades para evitar el juicio, pero la fiscal Fabiana León rechazó la propuesta, enfatizando que “no hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”.
Se Presume Cuestionamiento de las Pruebas
Durante el juicio, se prevé que las defensas cuestionen la autenticidad de los cuadernos de Centeno, que constituyen la principal prueba del caso. A pesar de que se han detectado alteraciones en las anotaciones, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado varios recursos interpuestos por los acusados, avanzando con el proceso judicial.
Financiación Ilegal de la Política
Los expertos advierten que el juicio abarca un problema más extenso que solo la corrupción en los gobiernos kirchneristas. Se discute por primera vez públicamente el sistema institucionalizado de financiación ilegal de la política. Se destaca la exclusion de ciertos grupos económicos, como Techint, que han sido mencionados en el caso pero no han enfrentado cargos, evidenciando un posible pacto de corrupción.
El juicio, que se espera tenga una duración de hasta tres años y escuche a más de 600 testigos, se desarrollará principalmente a través de videoconferencias, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Argentina.
