Desigualdad en América Latina: Un Desafío Persistente
América Latina se caracteriza por ser una región rica en recursos y talento humano, pero también es la más desigual del planeta. Unas pocas personas concentran tanta riqueza como 334 millones de latinoamericanos, mientras millones de familias enfrentan la precariedad. Este escenario es el resultado de un modelo económico que, aunque genera crecimiento, carece de justicia social.
Chile: Economía Estable, Desigualdad Marcada
Chile es un claro ejemplo de esta paradoja. A pesar de ser una de las economías más estables en la región y ocupar un lugar destacado en la OCDE, el país presenta una desigualdad alarmante. El 1% más rico concentra una parte desproporcionada del ingreso nacional, lo que refleja una arquitectura política que favorece la desigualdad. Esto se debe a un sistema fiscal regresivo y a exenciones que benefician al capital, junto con una estructura tributaria que grava más al consumo que a la riqueza.
Informe sobre Justicia Fiscal en América Latina
Recientemente, la organización Rumbo Colectivo publicó el informe Así recauda Latinoamérica: reflexiones sobre justicia fiscal y redistribución desde América Latina y el Caribe. Este documento sostiene que la desigualdad en la región no es un accidente, sino el resultado de un sistema cuidadosamente planificado y sostenido políticamente. En este sentido, los Estados latinoamericanos han sido diseñados para recaudar y redistribuir poco, dejando al gasto público la tarea de compensar un modelo estructuralmente injusto.
Desafíos en la Progresividad Fiscal de Chile
A pesar de haber logrado avances significativos en la cobertura de servicios públicos como educación y salud, Chile presenta un déficit en progresividad fiscal. La mayor parte de los ingresos públicos provienen de impuestos al consumo y a los ingresos, resultando en que los hogares de menores ingresos contribuyen de manera proporcionalmente mayor que los más ricos.
Gasto Público y Propuestas Electorales
En el actual contexto electoral, el debate ha girado en torno al gasto público, especialmente tras las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. Su equipo ha propuesto un ajuste fiscal de US$21.000 millones en cuatro años, tras un recorte inicial de US$6.000 millones en 18 meses. A pesar de asegurar que “no se tocará ningún gasto social”, el exministro Mario Marcel advierte que más del 85% del presupuesto público ya está comprometido legalmente, lo que dificultará la ejecución de estos recortes sin afectar derechos sociales.
Impacto de los Ajustes Fiscales
Las declaraciones sobre la reducción del gasto público tienden a desestimar la importancia de la justicia fiscal. El gasto, que financia pensiones, hospitales y subsidios, constituye el pilar fundamental de la democracia. Los recortes, si no se realizan bajo una lógica redistributiva, son decisiones políticas con consecuencias directas sobre la población. Al implementar ajustes en nombre de la eficiencia, sin atender a la redistribución, el riesgo de disminuir el bienestar social es alto, como lo han demostrado ejemplos en países vecinos como Argentina.
Preocupaciones sobre el Crecimiento Económico
La argumentación de Kast se basa en la premisa de que el sector privado compensará el vacío dejado por el Estado, impulsando la inversión y el crecimiento. Sin embargo, el economista Guillermo Larraín señala que el recorte propuesto podría representar una disminución de aproximadamente 2,6% del PIB en un corto plazo, lo que podría desacelerar la economía y aumentar el desempleo.
Lecciones desde América Latina
La historia de América Latina ofrece claras lecciones. Los países que han progresado hacia la justicia fiscal son aquellos que han ampliado su base tributaria y gravado a las rentas altas. Allí donde la política fiscal se ha planteado como una cuestión de derechos, la democracia ha ganado en estabilidad y legitimidad.
El Futuro de Chile y la Justicia Fiscal
Para Chile, observar la experiencia de otros países de la región no implica replicar sus modelos, sino aprender que la justicia fiscal es esencial para la democracia. En un tiempo donde se enfatizan los recortes y se cuestiona al Estado, es crucial recordar que el desarrollo sostenible está intrínsecamente vinculado a la redistribución de la riqueza. Sin esta redistribución, el desarrollo se convierte en un espejismo, evidenciado por disonancias entre las cifras macroeconómicas y la realidad cotidiana de la población.
