El Asalto al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985: Un Episodio Trágico y Controversial
El 6 de noviembre de 1985, la sede de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ubicada en el Palacio de Justicia de Bogotá, se convirtió en un escenario de terror. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, suplicó en la emisora Radio Todelar: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática”. Un grupo de 35 guerrilleros del M-19, conocido por sus acciones mediáticas, tomó el edificio con la intención de forzar un “juicio” al entonces presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de traición tras un fallido proceso de paz. La respuesta del gobierno, confiada a las fuerzas militares, resultó devastadora: el Palacio fue incendiado, 11 de los 25 magistrados de la Corte fueron asesinados, y miles de expedientes judiciales se perdieron.
Impacto en la Historia de Colombia
Este ataque ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva de Colombia, superando en notoriedad a otros episodios violentos. Por ejemplo, en 1989, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión, causando 110 muertes. En 2000, grupos paramilitares asesinaron a más de 100 personas en El Salado. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó en Bojayá, resultando en la muerte de al menos 74 civiles. Sin embargo, los eventos del Palacio de Justicia han sido considerados un “holocausto”, comparables solo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el posterior Bogotazo de 1948.
Secuelas para la Rama Judicial
La violencia del 6 de noviembre sigue siendo un tema candente en el debate público en Colombia. La pérdida de los magistrados, que eran colegas, mentores y familiares para las nuevas generaciones de abogados, dejó un legado profundo y doloroso en la justicia del país.
Actualmente, el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del M-19, ha defendido un relato que minimiza la responsabilidad de sus excompañeros. Este asunto es tan sensible que ha llevado a una juez a ordenar la eliminación de ciertos diálogos en una película sobre los hechos. Recientemente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso un proyecto de ley para otorgar beneficios a los militares involucrados en el operativo de rescate que buscó recuperar el Palacio.
Preguntas sin Respuesta
A medida que se cumplen cuatro décadas de esta tragedia, persisten numerosas interrogantes. Una de las más apremiantes es sobre la protección de los magistrados. A pesar de que se habían recibido amenazas y se conocía un plan de ataque del M-19, la seguridad del Palacio se redujo un día antes del asalto. Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, cuestiona quién ordenó esta disminución de seguridad.
Otra duda radica en los motivos detrás del ataque. El M-19 formuló una proclama desde el Palacio, denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, en la que denunciaban un “fraude” a los anhelos de paz del país. Asimismo, surgieron especulaciones de que Pablo Escobar había financiado el ataque para frenar la legalización del Tratado de Extradición, aunque no hay pruebas concretas al respecto. Un informe de una Comisión de la Verdad en 2005 sugiere una posible conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín.
La Responsabilidad Militar
La confusión sobre el vacío de poder en el gobierno durante el ataque ha alimentado la discusión sobre la responsabilidad de los militares. Algunos sostienen que fueron los generales quienes tomaron las decisiones, mientras que otros argumentan que las órdenes provinieron directamente del presidente Betancur, quien temía que un trato con los guerrilleros fortaleciera su posición.
Además, se plantea la cuestión de la responsabilidad en los asesinatos y desapariciones ocurridas durante las más de 27 horas de enfrentamientos. Las dificultades para obtener pruebas, los testimonios contradictorios y el hecho de que muchos testigos han fallecido complican la investigación de estos hechos.
Finalmente, queda la inquietud de si los militares tenían conocimiento previo del ataque del M-19 y si lo permitieron deliberadamente para justificar una respuesta contundente. Este enigma ha sido explorado por expertos que consideran que hubo motivaciones de venganza y descontento dentro del ejército ante los acercamientos de paz del presidente.
La falta de respuestas claras sobre estos eventos sigue dejando profundas heridas en la sociedad colombiana.
