El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado sus operaciones militares en América Latina, específicamente en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Estas acciones, justificadas bajo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, han suscitado preocupaciones sobre su legalidad internacional.
En agosto de 2025, Trump presentó la operación Iron Tide, destinada a combatir los carteles narcoterroristas en el hemisferio, con un enfoque especial en Venezuela. Como parte de esta estrategia, ordenó el despliegue de 400 marines y varios buques de guerra en el Caribe, afirmando que el objetivo era el Cartel de los Soles, vinculado al presidente Nicolás Maduro.
Aunque inicialmente no se lanzaron ataques, el ambiente se tornó tenso el 2 de septiembre, cuando Trump divulgó un video que mostraba una lancha explotando tras ser bombardeada. En este contexto, el mandatario indicó que once personas habían muerto, supuestamente vinculadas al Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano. Esta declaración llevó a una serie de bombardeos en el Caribe entre septiembre y octubre, que resultaron en 34 muertos confirmados y pocos detalles sobre los ataques, incluyendo la nacionalidad de las víctimas, en su mayoría venezolanas y colombianas.
Despliegue Militar en el Océano Pacífico
El 22 de octubre, Estados Unidos incrementó sus acciones militares con bombardeos en el Océano Pacífico, frente a costas colombianas, que resultaron en cinco nuevas muertes no identificadas. Este aumento en las operaciones ha generado un amplio debate sobre las implicaciones y la legalidad de tales intervenciones en la región.
Marco Legal Internacional
El uso de la fuerza en el derecho internacional está estrictamente regulado. La Carta de la ONU de 1945 prohíbe la guerra, exceptuando dos casos: la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La legítima defensa debe ser proporcional y resultante de un ataque armado directo. Las operaciones estadounidenses, al ser catalogadas como áridos ataques a «narcoterroristas», intentan encontrar justificación en el marco del terrorismo, pero sus acciones han sido cuestionadas por no seguir los procedimientos legales establecidos.
Los bombardeos indiscriminados generan preocupaciones sobre violaciones a derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, tanto en la regulación internacional marítima como en la práctica judicial. Este tipo de acciones podría calificarse como ejecuciones extrajudiciales, al no cumplir con los criterios legales para un juzgamiento justo.
Implicaciones Geopolíticas
La respuesta a las acciones estadounidenses no debería ser vista únicamente desde la perspectiva de Venezuela o Colombia; es проблема de toda América Latina. Es esencial establecer diálogos regionales que permitan consensos capaces de abordar la situación de manera conjunta y eficaz. La fragmentación en la región podría resultar en una debilidad ante la potencia del norte.
La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es crucial, pero no debe servir como excusa para ignorar el derecho internacional. La respuesta debe ser diplomática, y no militar. Aunque el contexto internacional puede presentar dificultades, los países latinoamericanos tienen la opción de explorar acciones legales, incluso en tribunales estadounidenses, para reivindicar el respeto por el derecho internacional.
