Un ambiente de descontento marcó la jornada nacional de paro y protestas que llevaron a cabo los docentes en Argentina este lunes. Frases como “salarios de hambre”, “crisis presupuestaria” y “no llego a fin de mes” resonaron entre los manifestantes, quienes exigían aumentos salariales y una mayor inversión en educación. El Gobierno de Javier Milei respondió a estas demandas implementando un operativo destinado a garantizar que las escuelas cumplieran con los servicios mínimos requeridos, establecidos por una reciente ley laboral que exige un funcionamiento del 75% de las actividades durante huelgas.
La huelga, programada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), principal sindicato de maestros en Argentina, recibió apoyo de otros gremios del sector y federaciones de profesores universitarios. Entre sus solicitudes, los docentes pidieron una “urgente convocatoria a la paritaria nacional”, así como un aumento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo ante la inflación. También reclamaron la restitución del fondo nacional que compensaba las disparidades salariales entre provincias y la creación de una nueva ley de financiamiento educativo.
Actualmente, el sueldo mínimo nacional para docentes es de 500.000 pesos (aproximadamente 333 dólares), y la última propuesta del Gobierno para incrementarlo a 650.000 pesos fue rechazada, dado que los sindicatos demandan el doble, lo que permitiría superar la línea de pobreza.
A pesar de que la adhesión a la huelga varió entre las provincias, los organizadores celebraron una alta participación. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, comentó sobre el significativo acatamiento del paro a pesar de las presiones del Gobierno. Según Alesso, el ajuste aplicado es “brutal” y la situación actual de inversión educativa y salarios se sitúa en la peor serie histórica de los últimos 30 años.
El Ministerio de Capital Humano del Gobierno realizó controles en varias escuelas para asegurar el cumplimiento de la ley laboral, que pretende mitigar la capacidad de protesta de los sindicatos. La ministra Sandra Pettovello afirmó que esta medida tiene como objetivo “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes” y proporcionar “previsibilidad a las familias” ante interrupciones educativas.
Los sindicatos docentes consideran que esta normativa es “inconstitucional”, argumentando que limita el derecho a huelga. Han impugnado la ley ante la justicia y organismos internacionales. Alesso puntualizó que, a pesar de semanas de protestas y solicitudes de negociación, no obtuvieron respuesta del Gobierno hasta el momento. “Aún estamos esperando que nos llamen”, agregó.
En el paro no participaron sindicatos que forman parte de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, anunció que llevarán a cabo jornadas de protesta durante agosto para concienciar sobre la difícil situación que enfrenta el sector. “Es necesario que tanto el Gobierno nacional como los provinciales reaccionen y pongan al sistema educativo en el lugar que se merece”, subrayó Romero.
Desde que Milei asumió, su administración ha realizado recortes continuos a los fondos destinados a la educación. De acuerdo con un estudio del Instituto de Economía Política de la UBA, el ajuste para el sector educativo llegó al 43,2% en 2024, seguido por una nueva caída del 7,9% en 2025 y una proyección de reducción del 12,7% para este año, a menos que se amplíen los presupuestos. Durante este periodo, la inversión en el sistema educativo ha disminuido del 1,41% del PIB a menos del 0,6%.
