El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado su estrategia de deportaciones hacia inmigrantes indocumentados, utilizando tácticas de presión diplomática y económica sobre 30 países africanos. El objetivo es que estas naciones acepten recibir vuelos con deportados provenientes de las controvertidas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta acción no solo distorsiona la ley, sino que también deja a los deportados en una situación de indefensión ante el derecho internacional y genera incertidumbre en sus condiciones en los países de destino.
La estrategia del Gobierno estadounidense no se limita a la deportación. Existe un intento deliberado de provocar un efecto secundario: el «autodeportamiento», en el que los residentes sin documentos en EE. UU. abandonan voluntariamente el país por temor a ser enviados a un lugar donde carecen de derechos y protección. Esta táctica, que se basa en la intimidación, refleja el uso de la coacción como herramienta política, planteando serios cuestionamientos sobre las implicaciones legales de tales acciones y su impacto en las relaciones con naciones africanas.
Los datos recientes revelan que al menos 400.000 personas han sido deportadas en los últimos ocho meses, con un total de 1.563 vuelos realizados para tal fin hasta septiembre. Una alerta importante fue el anuncio de la Casa Blanca en julio, cuando se comunicó el envío de «ocho extranjeros ilegales, criminales y bárbaros» a Sudán del Sur. Curiosamente, solo uno de los detenidos era originario de ese país, mientras que los demás eran de diversas nacionalidades: cubanos, laosianos, vietnamitas y mexicanos. Estos inmigrantes fueron detenidos durante mes y medio en un contenedor de mercancías en una base militar estadounidense en Yibuti mientras se resolvían sus recursos legales en EE. UU.
Estados Unidos justifica estas expatriaciones con base en su legislación migratoria, que permite la deportación a terceros países cuando el retorno al país de origen es inviable. Sin embargo, el razonamiento de enviar a un ciudadano mexicano al África subsahariana carece de lógica. Esta maniobra refleja la intención del Gobierno de Trump de establecer a África como un centro preferente para las deportaciones, mostrando una disposición a presionar en todos los frentes, incluso a expensas de los derechos humanos y del derecho internacional.
