Argentina y su nueva política migratoria: Un giro restrictivo
Desde su fundación, Argentina ha sido un país de inmigrantes, resultado de la confluencia de pueblos originarios, colonos españoles y millones de personas que han llegado, principalmente desde Europa y América Latina. A pesar de que la Constitución nacional invita a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, la administración del presidente Javier Milei ha adoptado un enfoque antiinmigración, similar al de otros líderes de la ultraderecha global, como Donald Trump.
Cierre de fronteras y un enfoque en la seguridad
El Gobierno de Milei ha calificado la inmigración como un problema de seguridad, asociando la extranjería con la delincuencia y el terrorismo. En consecuencia, ha impuesto un régimen cada vez más restrictivo para los migrantes. No obstante, el acceso sigue abierto para aquellos que deseen invertir dinero en el país.
Datos sobre la inmigración en Argentina
Hoy en día, cerca de 2 millones de extranjeros residen en Argentina. Aunque esta cifra se ha mantenido relativamente estable, representa una disminución en términos relativos: el último censo, realizado en 2022, revela que los migrantes constituyen el 4,2% de una población total de 45,8 millones, en comparación al 4,5% registrado en 2010.
Un marco de derechos en riesgo
Durante dos décadas, Argentina estableció un esquema de atención a la migración basado en un “paradigma de derechos humanos”, según explica Ana Paula Penchaszadeh, investigadora en Ciencias Sociales. Este régimen permitió regularizar a más de un millón de migrantes y garantizó el acceso a derechos como salud y educación pública.
Las reformas migratorias de Milei
Sin un debate público, el Gobierno de Milei ha desmantelado este régimen. A través de varios decretos, se han modificado leyes cruciales relacionadas con el reconocimiento y protección de refugiados y la ciudadanía. Las reformas incluyen requisitos más rigurosos para entrar y permanecer en Argentina, como la necesidad de demostrar ingresos suficientes y contar con un seguro de salud. Además, ha acelerado la deportación de personas con antecedentes penales y ha cortado la asistencia médica gratuita para extranjeros no residentes.
La nueva Agencia Nacional de Migraciones
En un cambio significativo, se creó una nueva Agencia Nacional de Migraciones bajo el sistema de seguridad, para coordinar labores con la Policía Federal y la Gendarmería, siguiendo un modelo similar al de la US Border Patrol en Estados Unidos. Esta nueva estructura ha implementado un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza, aumentando el control en las fronteras.
El discurso de criminalización
Las autoridades, como la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, han apuntado a los migrantes, señalando que 14.000 personas fueron expulsadas en los últimos seis meses por antecedentes penales. Este discurso ha contribuido a la percepción negativa de los migrantes, vinculándolos a la criminalidad y al terrorismo.
Impacto en los derechos de los migrantes
Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, indica que estas reformas afectan gravemente el acceso a derechos, pues ahora tener un hijo argentino ya no garantiza la radicación permanente. La nueva Agencia de Migraciones requiere ingresos documentados en un contexto en el que más del 40% de la población trabaja en condiciones informales.
El contexto político detrás de las reformas
Las expertas coincidieron en que las medidas del Gobierno de Milei no reflejan la realidad de la inmigración en Argentina. La cantidad de extranjeros ha disminuido en términos relativos, sugiriendo que el discurso contra inmigrantes puede funcionar como un mecanismo político de distracción, creando un “otro” culpable de los problemas del país.
