Abelardo de la Espriella y su polémica propuesta de megacárceles en Colombia
El presidente electo Abelardo de la Espriella ha planteado un ambicioso plan para su administración en Colombia: la construcción de 10 megacárceles. Con esta iniciativa, busca nacionalizar un modelo de seguridad similar al que implementó Nayib Bukele en El Salvador, con la esperanza de resolver los problemas de seguridad que enfrenta el país. De la Espriella propone concesionar estos centros penitenciarios a la iniciativa privada, además de eliminar el Ministerio de Justicia y cerrar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al que ha calificado como un “nido de bandidos”. Su intención es reemplazarlo por un cuerpo de guardianes conformado por veteranos de las Fuerzas Armadas.
Desafíos del sistema carcelario en Colombia
El INPEC gestiona un sistema carcelario que, desde hace décadas, enfrenta un serio problema de hacinamiento. Según datos oficiales, la sobrepoblación en prisiones alcanzaba un 28,6%, con al menos 104.395 internos en establecimientos diseñados para 81.139 personas. Esto, sumado a un déficit estructural de personal carcelario y numerosas denuncias de corrupción, complica aún más la situación.
Criticas al modelo propuesto
La propuesta de reestructuración del sistema penitenciario enfrenta considerables objeciones. Lina Porras, coordinadora de la línea de investigación del sistema carcelario de la organización Temblores, advierte que la sustitución del personal del INPEC por veteranos militares y seguridad privada es problemática, dado que estos profesionales carecen de formación especializada para la custodia de detenidos. Este modelo ya ha demostrado ser fallido en Ecuador, contribuyendo a un aumento en el número de muertes en cárceles.
Además, la Corte Constitucional ha declarado que el sistema carcelario en Colombia vive una crisis sistémica, describiendo las condiciones como un estado de cosas inconstitucional, donde se violan de manera sistemática y masiva los derechos fundamentales de los internos. La Corte ha instado a un menor uso de la prisión, especialmente de la prisión preventiva, un aspecto que no se contempla en las propuestas del nuevo gobierno.
Plan de transición y desarrollo de las megacárceles
El equipo de transición del nuevo gobierno ha comenzado a ajustar el enfoque. Iván Cancino, quien se rumorea podría ser el nuevo ministro de Justicia, enfatiza que el objetivo no es simplemente aumentar la población carcelaria, sino atacar el hacinamiento y evitar que las bandas criminales operen desde las prisiones. Este enfoque implica transformar el Ministerio de Justicia en un viceministerio del Interior, lo que podría afectar su relevancia en el Gabinete.
Iniciativas y preocupaciones adicionales
El plan del gobierno establece que la fase inicial para la construcción de megacárceles iniciará en los primeros 100 días de mandato. Sin embargo, este cronograma es cuestionado por expertos, dado que ya hay pabellones carcelarios nuevos que permanecen vacíos debido a la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para asegurar los servicios básicos y la infraestructura necesaria.
Un incidente reciente, donde un famoso cantante vallenato entró sin ser registrado en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y ofreció un concierto privado, pone de manifiesto las deficiencias del sistema actual. El INPEC reconoció que no había cámaras de seguridad operativas en esa prisión.
El futuro de los programas de reinserción
María Isabel Mora, coordinadora del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, expresa su preocupación por el futuro de los programas de reinserción social para internos, como aquellos permitidos por la Ley de Utilidad Pública, que ofrece alternativas a la prisión a mujeres cabeza de hogar con sentencias cortas. La eliminación de estos programas podría resultar en un aumento de la reincidencia criminal.
Porras también resalta el riesgo de privatizar la gestión de megacárceles, lo que podría convertir el sistema carcelario en un interés comercial, comprometiendo la rendición de cuentas y, en última instancia, los derechos humanos.
Enfoque de la transición y retos por delante
El equipo de transición ya ha recopilado aproximadamente el 80% de la información necesaria sobre las entidades involucradas, lo que incluye al INPEC, USPEC, y la Superintendencia de Notariado y Registro. La atención durante el proceso se centrará en la USPEC, dada su responsabilidad en contratos y recursos significativos.
A medida que se acerca la fecha de posesión, el próximo 7 de agosto, uno de los mayores retos será conciliar la propuesta de creación de megacárceles con una institucionalidad que actualmente no puede operar la infraestructura existente. La capacidad del nuevo gobierno para abordar esta brecha entre la propuesta y la ejecución será crucial para su futuro.
