Arresto domiciliario para la exministra de Corte Suprema Ángela Vivanco
La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido otorgar arresto domiciliario a Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, después de casi cinco meses de prisión preventiva. La exjueza fue detenida en su residencia en Las Condes a finales de enero y es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía por delitos de cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber favorecido al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) a través de sus sentencias, lo que resultó en una pérdida de alrededor de 20 millones de dólares para la cuprífera estatal Codelco.
Expulsión y destitución en el Poder Judicial
Vivanco, quien se desempeñó como ministra de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, fue expulsada por sus colegas del Poder Judicial en octubre de 2024. Posteriormente, el Senado aprobó una acusación constitucional en su contra, lo que culminó en su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años.
Revisión de medida cautelar
A pesar de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había mantenido a Vivanco en prisión preventiva, su defensa, liderada por la abogada penal pública Patricia Alvarado, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente modificó su situación legal.
El Caso Audios y su implicación
Las primeras evidencias en contra de Vivanco surgieron de los mensajes intercambiados con el abogado penalista Luis Hermosilla, quien es una figura central en el Caso Audios, un escándalo de corrupción que estalló en noviembre de 2023, revelando una amplia trama de tráfico de influencias que involucró a diversas autoridades. En la resolución de su expulsión, se le atribuyeron múltiples irregularidades, como la aceleración de vistas de casos y la insinuación en nombramientos de autoridades judiciales, además de filtrar información de causas que interesaban a Hermosilla.
Red de implicados
Ángela Vivanco, de 63 años, es una de los siete imputados en este caso. Además de su arresto domiciliario, su pareja, Gonzalo Migueles, también enfrenta cargos por recibir pagos relacionados con las actividades ilícitas. Asimismo, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes representaban a CBM y mantenían una estrecha relación de amistad con Vivanco y Migueles, también están involucrados. Durante el desarrollo de la causa entre Codelco y Movitec, Vivanco no se inhabilitó ni reveló conflictos de interés.