El Gobierno de José Antonio Kast avanza rápidamente en su plan para reducir el déficit fiscal, una estrategia que ha empezado a generar tensiones en la política chilena. Las decisiones del Poder Ejecutivo, aunque pueden ser técnicamente necesarias, corren el riesgo de ser malinterpretadas políticamente. Esto se ha evidenciado especialmente en el ajuste transversal del gasto público del 3% en los ministerios, parte de un esfuerzo mayor para sanear las cuentas fiscales y recuperar la credibilidad presupuestaria.
El consenso sobre la existencia de un problema fiscal es claro: un Estado que gasta por encima de sus ingresos deteriora su capacidad de acción futura, incrementa sus compromisos y limita la sostenibilidad de políticas públicas a largo plazo. Sin embargo, reducir el déficit no es solamente un ejercicio contable; implica también crear confianza. Al abordar la eficiencia del gasto, muchos ciudadanos no reciben la promesa de una mejor gestión, sino la inquietud de una posible reducción en la protección estatal o mayor incertidumbre. Esta es la dimensión política del ajuste: demostrar que se comprenden los costos sociales que pueden derivarse de estas decisiones.
La paradoja de la política chilena actual se manifiesta en la frecuencia con la que se utilizan términos como «empatía», «escucha activa» y «responsabilidad social», mientras que muchos consideran estas expresiones como vacías y desconectadas de la realidad cotidiana. Esta desconexión es indicativa de una degradación más profunda en las interacciones entre el gobierno y la ciudadanía, donde la empatía se convierte en un recurso meramente performativo.
Informes recientes sobre la empatía y la confianza ayudan a dilucidar esta desconexión. Un informe global sobre empatía resalta la discrepancia entre lo que las personas esperan y lo que realmente reciben de las organizaciones. Los consumidores valoran las interacciones humanas auténticas y desconfían de respuestas automatizadas en momentos de vulnerabilidad. Este análisis resulta relevante para el ámbito político, puesto que los ciudadanos no solo evalúan lo que las instituciones dicen, sino también la coherencia entre el discurso y la acción. Así, la política chilena ha incorporado el vocabulario de la empatía, pero no necesariamente su práctica, creando una distancia entre las promesas y la realidad cotidiana marcada por el malestar social.
Numerosos estudios indican que la confianza se encuentra más presente en relaciones familiares y cercanas, y se debilita en el ámbito institucional o con grupos ajenos. En Chile, se observa un enfriamiento en el radio de confianza, lo que genera desconfianza hacia personas que no pertenecen al círculo cercano. La política enfrenta, por lo tanto, no solo una crisis de credibilidad institucional, sino también una crisis de contacto social. La comunicación entre diferentes sectores se ha visto menoscabada debido a una menor interacción.
Como resultado, el oficialismo se dirige principalmente a quienes comparten sus temores sobre el desorden social, mientras que la oposición comunica a quienes comparten su perspectiva sobre la desigualdad. Ambas partes tienden a interpretar la desconfianza ciudadana como ignorancia o malestar, ignorando que muchas veces es una reacción racional a promesas incumplidas. En este contexto, el ajuste fiscal representa una prueba crítica. Si se presenta como una medida autoritaria, puede generar miedo; si es tratado como una operación técnica carente de humanidad, puede aumentar la distancia; y si se justifica como corrective de excesos, puede ser percibido como un castigo a quienes no participaron en las decisiones que llevaron a esta situación. La empatía pública en este caso no radica en suavizar el lenguaje, sino en esclarecer qué se protege, qué se corrige y cómo se evitará que la austeridad golpee más duramente a quienes dependen del Estado.
Los ciudadanos no buscan sentimentalismo. Exigen previsibilidad, respeto y eficiencia. Desean instituciones que se centren en los problemas concretos que afectan su vida diaria. Quieren saber si los ajustes mejorarán la gestión o simplemente transferirán costos. Buscan ser tratados como adultos conscientes y no como una audiencia emocional que necesita ser persuadida cada cuatro años. La verdadera prueba de empatía política ocurrirá cuando se reconozca que la desconfianza social tiene fundamentos y se escuche sin convertir instantáneamente lo escuchado en propaganda. Hasta que esto se logre, la empatía permanecerá atrapada en el discurso público, repetida hasta el desgaste y desconectada de la realidad de una ciudadanía escéptica.