Milei rechaza devolver fondos universitarios y la Corte Suprema decidirá

Cientos de miles de argentinos se manifestaron en Buenos Aires y otras ciudades del país para exigir al presidente Javier Milei que detenga los recortes presupuestarios a las universidades públicas. El Gobierno, sin embargo, ha reafirmado su compromiso de no implementar la ley de financiamiento universitario, argumentando que esta medida amenaza el superávit fiscal. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, comentó: “Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. La comunidad académica ha llevado este conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia, tras dos decisiones que ordenaron al Ejecutivo cumplir con la normativa vigente.

El lema “Milei, cumplí la ley” resonó durante la marcha federal del pasado martes, que reunió a autoridades universitarias, sindicatos de docentes y organizaciones estudiantiles con un respaldo social significativo. En Argentina, operan 64 universidades estatales, donde más de 2,1 millones de estudiantes reciben educación, respaldados por unos 159.000 docentes y 60.000 empleados administrativos.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, las transferencias presupuestarias para universidades han caído en un 45,6%, de acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante este periodo, los salarios de profesores y trabajadores del sector han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo. Según un análisis del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (Ciicti), el presupuesto actual para las universidades es el más bajo desde 1989, disminuyendo del 0,718% del PIB antes de la llegada de Milei al 0,428% en el presente año.

Con el fin de contrarrestar los efectos de esta disminución, un amplio acuerdo opositor promovió la ley de financiamiento universitario, que busca ajustar los presupuestos universitarios a los niveles vigentes en 2023, considerando la inflación. Esta norma tendría un impacto fiscal aproximado del 0,23% del PIB, necesitando entre 2,5 y 3,1 billones de pesos (equivalente a aproximadamente 1.785 y 2.214 millones de dólares). El presupuesto universitario del actual Ejecutivo se sitúa en 4,8 billones de pesos.

A pesar de la aprobación de la ley, Milei ejerció su veto, que fue rápidamente rechazado por ambas cámaras del Congreso. Aún así, el presidente intentó derogar la ley en el presupuesto 2026, pero nuevamente el Parlamento votó en contra. Sin embargo, Milei continuó sin cumplir con la norma, y a través de un decreto declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento”.

Alejandro Álvarez afirmó que “la ley de financiamiento universitario nació muerta, ya que viola el primer principio, que es el presupuestario”. En una reciente charla con la prensa, cuestionó además la masiva protesta, alegando que “la marcha es política y está organizada por partidos opositores”.

Ante el incumplimiento del Gobierno, las universidades han llevado su reclamo a la justicia a finales de 2025. En dos instancias, los tribunales emitieron un fallo a favor, exigiendo al Ejecutivo que comience a aplicar los aumentos establecidos en la ley para los salarios docentes y becas estudiantiles. El juez Martín Cormick enfatizó que la Constitución solo prevé, después de un veto presidencial rechazado, “la efectiva aplicación de la ley que se trata”. Su fallo sugirió que la decisión de Milei podría infringir la división de poderes y perpetuar un “deterioro salarial” que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender.

A pesar de las decisiones judiciales, el Ejecutivo mantiene su negativa a restaurar los fondos recortados y ha apelado ante la Corte Suprema, defendiendo su postura de equilibrio fiscal. Pablo Manili, abogado de las universidades, respondió a esta defensa, indicando que el Congreso solo necesita especificar el financiamiento cuando es para nuevas partidas presupuestarias; en este caso, se trata de partidas existentes, solo actualizadas para la inflación. Manili también señaló que si el gobierno no hubiese recortado impuestos a grandes fortunas, tendría suficiente recaudación para cumplir con la ley. La última decisión recaerá en los jueces de la Corte Suprema de Justicia.