La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha emitido su respuesta este miércoles al gobierno de Estados Unidos, rechazando el pedido de captura provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La cancillería mexicana sostiene que la solicitud no presenta pruebas suficientes que respalden las acusaciones de vínculos con el narcotráfico dirigidas a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, entre los que se incluyen un senador de Morena y el alcalde de Culiacán.
La petición, recibida el martes pasado por la SRE, busca la extradición de los acusados para que enfrenten cargos con penas que oscilan desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Sin embargo, la Secretaría ha indicado que el requerimiento no incluye pruebas, lo que, a su juicio, impide determinar la responsabilidad de los involucrados. En un comunicado, la SRE enfatizó que «los documentos recibidos no cuentan con elementos de prueba» necesarios para proceder con la solicitud de detención.
Adicionalmente, la cancillería manifestó su preocupación por la divulgación pública por parte de Estados Unidos de los detalles y nombres de los implicados, lo que contradice las estipulaciones de confidencialidad establecidas en el Tratado de Extradición bilateral. En consecuencia, la SRE planea enviar una carta de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos en México.
La solicitud de detención y extradición será remitida a la Fiscalía General de la República, que se encargará de determinar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano. Esta respuesta institucional se produjo poco después de que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron oficialmente las acusaciones contra Rocha Moya y otros altos cargos por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Rubén Rocha Moya ha rechazado «categóricamente» las acusaciones a través de un comunicado en redes sociales, defendiendo la soberanía nacional y señalando que demostrará la falta de veracidad y fundamento de las imputaciones en el momento adecuado. El senador Enrique Inzunza, también mencionado en las acusaciones, ha expresado su desacuerdo en un mensaje similar, sugiriendo que la acción de la justicia estadounidense tiene intenciones políticas y constituye un ataque no solo contra su persona, sino también contra la Cuarta Transformación y su líder, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
