El Ministerio de Trabajo de Colombia ha promulgado el decreto 415 de 2026, que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir más de 25 billones de pesos (aproximadamente 7.000 millones de dólares) a Colpensiones. Esta medida impacta a 119.632 colombianos que se cambiaron del régimen privado al público bajo la reciente reforma pensional. La normativa establece que las AFP deben mover el 50% de los recursos en un plazo máximo de 20 días hábiles y el 50% restante en los siguientes 10 días, lo que implica que los fondos deben ser trasladados antes de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.
Rodrigo Castillo, exvicepresidente de operaciones de Colpensiones, indica que esta decisión se enfoca principalmente en el portafolio conservador de las AFP. Castillo sostiene que el Gobierno debería haberse atenido a lo estipulado en la reforma anterior, que permitía únicamente el traslado del saldo de quienes ya se encuentran pensionados. Según sus cálculos, este saldo no superaría los 4 billones de pesos, lo que representaría solo el 16% del total a transferir. Advierte que el decreto podría ser objeto de una demanda ante el Consejo de Estado, aunque sin una suspensión provisional, su impacto podría ser limitado.
Estructura del Decreto y Vacío Legal
El decreto se presenta en un contexto de vacío legal, dado que la Corte Constitucional suspendió la reforma pensional en junio de 2025, manteniendo solo activo el artículo que permite el cambio de régimen. Esto se convierte en la base central sobre la cual el Gobierno fundamenta toda la operación, a pesar de la falta de un fallo firme sobre la constitucionalidad de la reforma.
Dentro del decreto se identifican dos grupos de afiliados: primero, 22.472 personas ya pensionadas que ahora reciben su mesada del Estado, pero cuyos ahorros siguen en las AFP, lo que crea una incongruencia financiera, ya que Colpensiones asume el pasivo sin los activos correspondientes. Segundo, 97.160 afiliados que se han cambiado de régimen pero que aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Para este grupo, el decreto sostiene que al estar en el régimen público, quedan sujetos a las normas del Régimen de Prima Media, cuyo fondo común financia tanto pensiones de vejez como prestaciones por invalidez y muerte.
Justificación del Gobierno
El gobierno justifica este movimiento apelando al principio de sostenibilidad financiera. Según la normativa, la nómina pensional de Colpensiones alcanzó 55,5 billones de pesos en 2024, de los cuales 15,3 billones provinieron de traslados del régimen privado. Mantener estos recursos en las AFP, según el decreto, generaría un desequilibrio financiero que contradice lo dispuesto por la Constitución.
Composición y Proceso de Traslado
Las AFP están limitadas a transferir recursos en efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B y títulos de deuda de emisores supervisados por la Superintendencia Financiera. Estos recursos se valorarán a precios de mercado, priorizando las inversiones con fechas de redención dentro de los próximos seis meses. El decreto establece que la transferencia debe incluir el capital acumulado más los rendimientos generados hasta la fecha de la transferencia efectiva.
Reacciones del Sector y Consideraciones Financieras
El Banco de la República había señalado que el traslado de estos recursos antes de consolidar el derecho pensional podría contradecir el parágrafo del artículo 76 de la ley correspondiente. Además, la Contraloría ha advertido que este movimiento de fondos podría desviar recursos destinados al ahorro para financiar pensiones actuales, convirtiéndolos en gasto corriente. La reacción del sector privado no se ha hecho esperar. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha manifestado que la función de los fondos es proteger el ahorro y que se mantendrán firmes en su deber fiduciario.
Este mandato de traslado forzoso materializa un aspecto destacado y controvertido de la reforma pensional, establecido en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta ley permitió que personas que contaban con un número específico de semanas cotizadas pudieran cambiarse al régimen público, generando un efecto inmediato que llevó a cerca de 120.000 colombianos a optar por esta opción. Con este decreto, el Gobierno avanza en la implementación de la reforma pensional frente a la incertidumbre jurídica sobre su constitucionalidad, mientras la Superintendencia Financiera se encarga de supervisar la correcta aplicación del mismo.
