El Gobierno de Gustavo Petro ha priorizado el rescate de la Nueva EPS, la mayor de las Entidades Promotoras de Salud en Colombia, que enfrenta una crisis financiera profunda. Esta EPS, que absorbió a los afiliados del antiguo Instituto del Seguro Social hace 18 años, tiene un gran significado para los militantes de izquierdas, simbolizando un sistema con un mayor rol del Estado. A pesar de la intervención de la entidad en abril de 2024, los intentos del Gobierno por estabilizarla han fracasado.
Desembolso y Deuda Creciente
La reciente prórroga de la intervención, firmada el 10 de abril, evidencia el deterioro de la EPS. Según la Superintendencia de Salud, las deudas de la Nueva EPS aumentaron de 18,4 billones de pesos (5.100 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 26,1 billones (7.200 millones de dólares) en noviembre de 2025. Este incremento afecta a 11,5 millones de colombianos, quienes enfrentan dificultades para acceder a cirugías, citas con especialistas y medicamentos. De acuerdo con los informes, el número de inconformidades ha crecido un 14,3% anualmente.
Crisis en el Acceso a Medicamentos
Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, ha manifestado que la ineficiencia en la entrega de medicamentos ha empeorado significativamente. “Antes, luchábamos por recibir un medicamento en un mes; ahora la espera se extiende a seis meses. Esto afecta entre un 40% y un 60% de los pacientes”, comentó. El escepticismo se ha arraigado entre los usuarios, quienes a menudo eligen no presentar quejas debido a la falta de soluciones efectivas.
Rotación de Interventores y Caos Administrativo
El cambio constante en la dirección de la EPS ha perpetuado la inestabilidad. Desde enero de 2024, han pasado dos presidentes y tres interventores. La reciente designación de Jorge Iván Ospina, un exalcalde de Cali con controversias de corrupción, ha generado más incertidumbre en el manejo administrativo. Además, la superintendenta Luz María Múnera, quien debería supervisar la situación, dejara su cargo tras solo seis meses debido al cambio en la superintendente del sistema, Bernardo Camacho, con un pasado cuestionable en relación con la EPS.
Controversias sobre la Prórroga
Recientemente, Caracol Radio informó sobre la denuncia de varios funcionarios de la Superintendencia, quienes sostienen que la prórroga de la intervención fue ilegal debido a la falta de cumplimiento de ciertos controles internos. En su opinión, la EPS debería regresar a manos del Estado y de varias cajas de compensación. Adicionalmente, Múnera admitió que solo se han procesado 3 de los 15 billones de pesos de cuentas rezagadas, lo que complica aún más la gestión financiera.
Reformas y Reacciones del Gobierno
A pesar de la delicada situación de la Nueva EPS, el Gobierno ha continuado avanzando con medidas que complican la estabilidad de la entidad. A fines de febrero, se emitió un decreto que hubiera ampliado la cobertura a tres millones de personas adicionales, pero un tribunal lo suspendió ante el riesgo de un colapso. A pesar de esto, el presidente Petro ordenó la liquidación de las EPS en quiebra, lo que podría resultar en un traslado masivo de pacientes.
Problemas Estructurales y Financieros
La superintendenta Múnera atribuye la crisis a la mala gestión de los anteriores interventores, sugiriendo que los recursos están disponibles aunque mal empleadas. Sin embargo, el exministro Augusto Galán argumenta que la rotación de los órganos de control internos de la EPS ha debilitado su estructura. A su juicio, la crisis no se limita a deficiencias de gestión, sino que está alimentada por un sistema desfinanciado y corrupto. Por su parte, la exviceministra Diana Cárdenas sostiene que el cambio de proveedores ha impactado negativamente la continuidad en la atención de los pacientes.
Desafíos Financieros y Falta de Recursos
La crítica principal hacia la política de salud del Gobierno gira en torno al monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Estado asigna a las EPS. La Corte Constitucional dictó en enero de 2025 que debía reajustarse, pero el Gobierno ha mantenido los ajustes por debajo de lo solicitado. La Nueva EPS, que no presenta balances financieros claros, enfrenta un deterioro sistemático en comparación con las demás EPS, donde el patrimonio neto ha registrado caídas drásticas en los últimos años.
Declaraciones del Nuevo Interventor
El nuevo interventor, Jorge Iván Ospina, ha señalado en recientes entrevistas que la falta de recursos estatales es un obstáculo crítico. Su afirmación fue recibida con desagrado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien sostiene que los problemas son atribuibles a la mala gestión, y no a la escasez de recursos. A medida que la situación se agrava, los usuarios de la Nueva EPS continúan enfrentando una realidad difícil en el acceso a servicios de salud.
