Familias de Vivienda Social en Madrid Afrontan Desahucios Silenciosos

Un grupo de aproximadamente 60 familias de los distritos madrileños de Vallecas y Vicálvaro, así como del municipio de Pinto, ha comenzado a enfrentar una alarmante situación de incertidumbre. Estas familias, que residen en bloques de vivienda social gestionados anteriormente por la Fundación la Caixa, ahora enfrentan la presión de propietarios que se niegan a renovar sus contratos de alquiler o imponen cláusulas desmesuradas que hacen imposible la permanencia en sus hogares. Esta problemática ha sido denunciada como una estrategia de «desahucios silenciosos».

Protesta ante Caixabank

Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, los inquilinos se manifestaron frente a las oficinas de Caixabank en la plaza de Colón. Vanesa García, residente de Pinto, expresó su frustración al señalar que, tras seis años de alquiler, se les propone comprar sus hogares por 350,000 euros. «¿Cómo ha de cambiar nuestra vida para que nos hagan esta oferta?», cuestionó.

Demandas Legales

Los vecinos anunciaron la presentación de tres demandas para denunciar la falta de respeto a su derecho de adquisición preferente y la ilegalidad de hasta 14 cláusulas consideradas abusivas en sus contratos, según el abogado Diego Redondo. «La lucha de estos bloques ilustra los problemas de la colaboración público-privada en la solución de la crisis de vivienda en España», indicó Redondo.

Antecedentes y Contexto

Es importante destacar que parte de los terrenos donde se construyeron estas viviendas fueron cedidos por el Ayuntamiento de Madrid para la antigua Obra Social de la Caixa, la cual recibió subsidios públicos. Los manifestantes argumentan que tras beneficiarse de estas ayudas, CaixaBank ha optado por la venta a fondos de inversión. «Están aumentando sus beneficios mediante la especulación», afirmaron los afectados.

Impacto en las Familias

Las historias de las familias son alarmantes. Una madre soltera de Vicálvaro, que vive en uno de estos bloques, enfrenta la difícil situación de tener que abandonar su hogar en mayo. «Estoy en servicios sociales buscando ayuda y trabajo. No soy pobre, soy vulnerable», comentó. A su vez, Isabel Hernán, quién reside en Vallecas desde hace 18 años, se encuentra en una situación crítica: su contrato de arrendamiento finaliza el 31 de diciembre y no puede encontrar una alternativa asequible en el mercado.

Reacción de la Fundación y del Estado

La Fundación la Caixa ha afirmado previamente que trabaja de manera coordinada con la Administración para ofrecer soluciones a quienes acreditan vulnerabilidad, aunque los inquilinos sostienen que no han visto resultados. Desde la fusión de CaixaBank con Bankia en 2021, las subidas de rentas y los desahucios han aumentado, de acuerdo con los manifestantes.

Demandas de Cambio

Durante la manifestación, también se hizo un llamado al Estado, que tiene un 18% de participación en Caixabank, para que asuma responsabilidades. Se exigió que el gobierno interceda en esta operación y considere la adquisición de estas viviendas para su incorporación al parque público.

A pesar de la presión y la incertidumbre, los vecinos continúan luchando por sus derechos, dejando claro que su situación exige atención y acción inmediata.