El Gobierno Argentino Cierra la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei ha anunciado el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo que ha sido el centro de un importante escándalo por presunta corrupción. Este cambio en la administración de la política de discapacidad y la gestión de las pensiones por invalidez será transferido al Ministerio de Salud, según lo informado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una reciente rueda de prensa. La oposición ha replicado a esta decisión, tildándola de «plan de impunidad» para quienes pudieran estar involucrados en irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Justificaciones del Cierre

Manuel Adorni argumentó que la opacidad y el descontrol administrativo en la Andis eran motivos fundamentales para su cierre. «El organismo acumuló capas burocráticas y manejos incompatibles con una política transparente”, explicó Adorni. La transición de funciones al Ministerio de Salud, según el Gobierno, buscará garantizar una mayor trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en las decisiones relacionadas.

Irregularidades y Auditorías Controversiales

En los últimos dos años, el Gobierno ha denunciado múltiples irregularidades dentro de la Andis. En 2024, cuando Adorni era portavoz presidencial, se comunicó la existencia de una pensión de invalidez otorgada con una prueba inusual: la radiografía de un perro. Posteriormente, se realizaron revisiones masivas de las pensiones, resultando en la suspensión de más de 1,000 beneficiarios, aunque un juez restableció esos derechos en medio de denuncias por la auditoría oficial.

Este martes, Adorni mencionó casos de pensiones otorgadas indebidamente a personas fallecidas y trámites con respaldo médico cuestionable. No obstante, omitió detalles sobre la investigación judicial pendiente, que busca aclarar si existió una red que facilitara la compra de medicamentos a precios excesivos, con sobreprecios de hasta el 8% que beneficiaron a políticos y empresarios vinculados al Gobierno.

Escándalo de Sobornos en la Andis

La investigación judicial comenzó en agosto, tras la filtración de audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. En ellos, Spagnuolo hacía referencia a un sistema para obtener sobornos a través de la droguería Suizo-Argentina, que recibió un aumento notable en sus ingresos, pasando de 3,898 millones de pesos en 2024 a 108,000 millones en 2025, un incremento del 2,678%.

Spagnuolo, separado de su cargo, ha sido imputado en la causa que lleva el juez Sebastián Casanello. Aunque su hermana, Karina Milei, actual secretaria de Presidencia, y su subsecretario, Eduardo «Lule» Menem, son mencionados en la red de corrupción, aún no han sido formalmente acusados.

Reacciones desde la Oposición

El líder del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, acusó al Gobierno de querer “eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad.” El exministro de Desarrollo Social, Diego Arroyo, también criticó la medida, señalando que la discapacidad no debe ser vista únicamente como un tema sanitario, sino como un asunto integral que incluye educación, trabajo y transporte.

Conflictos en el Abordaje de la Discapacidad

Las diferencias en la forma de abordar la discapacidad han generado tensiones entre el Gobierno y los profesionales del área. Durante su gestión en la Andis, Spagnuolo tuvo un encuentro con Ian Moche, un niño autista, en un contexto donde se cuestionaba la responsabilidad estatal en el cuidado de personas con discapacidad. Javier Milei, respaldando a Spagnuolo, había rechazado las críticas y acusado al menor de ser «kirchnerista».

Además, el Gobierno experimentó una negativa en actualizar los honorarios de los servicios de discapacidad durante más de diez meses, a pesar de una inflación acumulada del 28%. Esto dejó a muchas familias con el peso de asumir costos de tratamientos. A pesar de una ley de emergencia en discapacidad impulsada por la oposición, el Ejecutivo se ha mostrado reacio a aplicarla. No obstante, dejó claro que la financiación para cumplir con dicha ley finalmente fue incluida en el Presupuesto 2026, mostrando la firme determinación del Gobierno.