El 24 de marzo de 1976, Argentina entró en una etapa de represión que se extendió durante siete años y medio. Este día marcó el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, dando paso a una Junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. Esta dictadura se considera la más sangrienta de Latinoamérica, resultado de un contexto regional donde los regímenes militares buscaban frenar el avance del socialismo en la segunda mitad del siglo XX.
La Junta Militar y la Represión
La Junta militar, apoyada por sectores civiles como empresarios y líderes eclesiásticos, disolvió los poderes legislativos, suspendió las garantías constitucionales y prohibió los sindicatos. Implementó una estrategia de censura y terrorismo de Estado, persiguiendo a quienes eran considerados subversivos. Aunque el número de detenidos, asesinados y desaparecidos varía, organizaciones de derechos humanos estiman en 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado. Esta cifra se ha convertido en un símbolo de la lucha continua por verdad, reparación y justicia, encarnada en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes han liderado diversas etapas del proceso judicial, incluida la primera demanda civil contra un régimen por crímenes de lesa humanidad.
El Juicio a las Juntas
En diciembre de 1983, a solo cinco días de assume el poder, el Gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato. Este ente fue fundamental para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El informe Nunca más, elaborado por la Conadep, documentó más de 8.000 casos de torturas y asesinatos, sirviendo como base para la acusación del fiscal Julio César Strassera en el primer juicio por terrorismo de Estado en una democracia. El 9 de diciembre de 1985, tras un largo proceso judicial, el Juicio a las Juntas culminó con las condenas de varios altos mandos de la dictadura.
Leyes del Perdón: Obediencia Debida y Punto Final
Sin embargo, un año después de la sentencia, la presión militar llevó al Gobierno a promulgar las conocidas “leyes del perdón”. La Ley de Punto Final de 1986 paralizó los procesos judiciales contra responsables de desapariciones forzadas, mientras que la Ley de Obediencia Debida de 1987 exoneró a militares de bajo rango que actuaron bajo órdenes superiores.
Los Indultos de Menem
Entre 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos Menem firmó una serie de decretos que concedieron indultos a integrantes de la Junta militar y a líderes de grupos guerrilleros, provocando protestas masivas en defensa de la justicia. Estas leyes de indulto permanecieron vigentes hasta que, en 2003, el presidente Néstor Kirchner las anuló, reabriendo procesos judiciales que habían sido estancados desde finales de los años 80. En 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales dichas leyes, ratificando la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Nuevas Causas y Juicios Actuales
Desde 2006, un total de 1.231 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, en 361 sentencias. Actualmente, existen 12 juicios en curso y 282 causas en fase de investigación preliminar, evidenciando una búsqueda continua de justicia a casi cinco décadas de la dictadura.
El Gobierno de Milei: Negacionismo y Recortes a Derechos Humanos
A medida que se aproxima el 50 aniversario del inicio de la dictadura, el discurso oficial del Gobierno de Javier Milei busca suavizar los crímenes del terrorismo de Estado, presentándolos como parte de una “guerra contra el comunismo”. Se cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos y se implementan recortes presupuestales a organismos dedicados a la memoria y derechos humanos, incluyendo la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria.
Marchas por el Día de la Memoria
Cada 24 de marzo, miles de argentinos marchan en las calles para recordar y decir Nunca Más a la dictadura. Este año, organizaciones de derechos humanos convocan una manifestación masiva en Buenos Aires y otras ciudades, en respuesta a los recortes en políticas de memoria y justicia promovidos por el Gobierno de Milei, así como a discursos que minimizan el terrorismo de Estado.
