En 2025, Colombia fue testigo de incidentes que recordaron a épocas difíciles de su historia reciente, incluyendo un magnicidio y tomas armadas que generaron caos en diversas regiones. Este contexto de violencia ha resaltado la fragilidad del orden público bajo el Gobierno de Gustavo Petro. En julio, el presidente reconoció, durante la instalación del Congreso, que su política de «paz total», que busca negociar con todos los grupos armados, no ha alcanzado los resultados esperados: “es obvio que no se ha logrado la paz total”. Esta afirmación se produjo en un discurso más amplio, pero su impacto fue significativo.
El principal adversario de Petro es Iván Mordisco, líder de una de las disidencias de las extintas FARC. Este personaje ha declarado la guerra al Estado, lo que llevó al Gobierno a ofrecer una recompensa de más de 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por información que conduzca a su captura.
El año de las crisis humanitarias
El año 2025 se caracterizó por un retorno a graves crisis humanitarias. En enero, una ofensiva del ELN contra las disidencias del frente 33 en el Catatumbo provocó el desplazamiento de más de 80.000 personas. Según organizaciones de derechos humanos, esta fue una de las peores crisis humanitarias en la historia del país. Esta guerrilla, que todavía mantenía diálogos de paz, levantó comunidades enteras, reinstalando prácticas de control armado. El año concluyó en diciembre con una toma armada en Buenos Aires, Cauca, que duró más de nueve horas y evocó los episodios más duros del conflicto colombiano.
En otras zonas rurales, se experimentaron emergencias graves a lo largo de 2025. En el sur del departamento de Bolívar, los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC provocaron desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos y reclutamientos de menores, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Los ceses de los ceses
Los intentos de cese al fuego marcaron gran parte del debate sobre seguridad en el año. Hasta abril, se mantuvieron ceses bilaterales con el ELN y con la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente, dirigida por Calarcá Córdoba. Sin embargo, estos ceses fueron afectados por múltiples incumplimientos, incluyendo enfrentamientos entre grupos armados y ataques a la fuerza pública.
Leonardo González, director de la organización de derechos humanos Indepaz, señala que aunque estos ceses proporcionaron un alivio humanitario, también permitieron que los grupos armados se fortalecieran. Si bien hubo una disminución notable de la violencia en algunas regiones, la falta de cumplimiento de dichos acuerdos provocó un aumento de agresiones una vez que fueron levantados.
El regreso a herramientas fracasadas
Luis Fernando Trejos, docente e investigador del conflicto armado, sostiene que 2025 mostró el «desgaste irreversible de la política de paz total». Este deterioro llevó al Gobierno a elegir a un general como ministro de Defensa, una decisión criticada y considerada como un retroceso respecto a las promesas de la campaña electoral. Además, se reabrieron debates sobre la aspersión con glifosato y los bombardeos a campamentos de grupos armados, reavivando políticas que antes habían sido rechazadas.
La violencia vuelve a la política
El 7 de junio, un atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay durante un mitin político reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos. Uribe, senador del Centro Democrático, falleció el 11 de agosto tras complicaciones derivadas del ataque. Este magnicidio, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas, obligó al Gobierno a reforzar las medidas de protección y puso de relieve el deterioro de la seguridad, que ahora afecta el centro del poder político.
Regresa con fuerza la guerra urbana
El segundo semestre estuvo marcado por una serie de atentados en centros urbanos, siendo Cali la ciudad más afectada. El frente Jaime Martínez, de las disidencias de Mordisco, fue responsable de varios ataques, incluyendo una explosión frente a una estación de policía que dejó heridos y, más adelante, dos camionetas bomba que asesinaron a seis personas. Las acciones violentas continuaron hasta diciembre, dejando un saldo trágico de uniformados fallecidos.
La toma por horas de un pueblo
El cierre del año revivió el trauma de las tomas a pueblos: en diciembre, el municipio de Buenos Aires, Cauca, estuvo bajo el control de grupos armados durante más de nueve horas, atacando la estación de Policía y paralizando el casco urbano. Este episodio evidenció la capacidad de algunos grupos ilegales para desafiar a la Fuerza Pública en regiones cercanas a grandes ciudades.
Las cifras del deterioro
El año 2025 se convirtió en el más violento del actual gobierno en términos de homicidios. Según el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, de agosto de 2024 a agosto de 2025 se registraron 13.817 homicidios, lo que representa la cifra más alta en lo que va del mandato de Gustavo Petro. Este dato equivale a un asesinato cada 39 minutos y marca un punto crítico respecto a la promesa de reducción de la violencia derivada de la política de paz total.
Aunque algunas regiones mostraron descensos leves en homicidios, las áreas de la Caribe, el centro y el nororiente del país, así como Bogotá, experimentaron aumentos significativos. Además, el año se caracterizó por un persistente nivel de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, con 76 masacres registradas y cerca de 250 víctimas. A pesar de las cifras alarmantes, expertos señalan que se observa un patrón de violencia en el que se encuentra una notable distancia respecto a los peores momentos de violencia del siglo XX.
